El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova (PP), pagará con un año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación para ejercer cargos públicos su permisividad con una empresa a la que consintió "de forma deliberada" emitir ruidos de forma ilegal.
El Tribunal Supremo anula una sentencia absolutoria de la Audiencia de Castelló que desestimó la denuncia de unos vecinos que durante tres años, entre 1995 y 1998, soportaron el ruido producido por la empresa Roig Cerámica, hasta el punto de que se vieron obligados a cambiar de domicilio.
Según la sentencia del Tribunal Supremo, el alcalde popular cometió un delito de prevaricación medioambiental al dejar "sobre la mesa el rosario de quejas" de los afectados.
El Supremo descarta que Vilanova pague una multa en lugar de la prisión porque "sería satisfecha incluso con cargo a las arcas municipales, agravando la situación de los vecinos".
El alcalde, por su parte, no quiso pronunciarse, ya que, según fuentes municipales, se había enterado del fallo por los medios de comunicación.
