El Juzgado Penal número 2 de Girona ha ordenado el ingreso en prisión de los dueños de la barca L´Oca, condenados a tres años por la muerte de 21 franceses en el lago de Banyoles (Pla de l´Estany) en octubre de 1998. La magistrada Montserrat Bastit deniega así la petición de suspender la pena que había sido reclamada por Simó Rodríguez y Bartomeu Gayol . Sus abogados han solicitado un indulto al Estado que todavía tardará meses en resolverse y, mientras, habían pedido al juzgado de Girona que les permitiese seguir en libertad para trabajar y poder pagar las indemnizaciones a las víctimas.

La jueza Bastit se basa en "la gravedad de los hechos" para oponerse a que Rodríguez y Gayol estén libres. Los procesados tienen un plazo de 10 días para ingresar en un centro penitenciario. "En la solicitud de indulto no se hace mención a circunstancias especiales que escapen de la aflicción que deriva de la propia pena de prisión", señala Bastit, encargada en su día de instruir la causa.

CONFIANZA EN EL INDULTO El fiscal y los representantes de las familias de las víctimas también se habían mostrado contrarios a que los dos condenados no ingresasen en prisión hasta que se decidiese si se les concede o no el indulto.

La resolución del juzgado de Girona ya ha sido comunicada a todos los afectados y el abogado de los dueños del catamarán ha interpuesto un recurso de apelación. En él, el letrado Carles Monguilod insiste en la "confianza" de que el Estado les indultará. Además, añade que la libertad les permitiría "llevar a cabo todas las operaciones necesarias para pagar la indemnización". La cifra, 3 millones de euros (500 millones de pesetas), deberá ser satisfecha por los propietarios de L´Oca, el Ayuntamiento de Banyoles y el exedil de Medi Ambiente Josep Alsina.

Ahora la sección tercera de la Audiencia de Girona deberá resolver el recurso. La última vez que estudió un recurso sobre el trágico accidente sirvió para que les aumentasen las penas.