La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado a prisión sin fianza al histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y a otros 20 presuntos miembros de su organización por delito contra la salud pública (tráfico de drogas), blanqueo de capitales y organización criminal de extrema gravedad.

Según han informado fuentes jurídicas, uno de los sospechosos es David Pérez Lago, hijastro de otro conocido narcotraficante, Laureano Oubiña. Para él, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 también ha acordado prisión incondicional.

Otros nueve de los detenidos en la Operación 'Mito' han quedado en libertad con medidas cautelares: comparecencias semanales en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional, según las citadas fuentes.

La magistrada tomará declaración esta tarde a otro de los detenidos, el cual se encuentra ingresado en el hospital. Se trata del presunto 'narco' que disparó contra los policías en una nave de Madrid durante la operación del lunes. Los agentes respondieron a los disparos y el sospechoso recibió cuatro impactos de bala en las piernas.

Los investigadores de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional consideran que con la Operación 'Mito' se ha desarticulado el clan de Miñanco, un histórico narco que comenzó a traficar en los 80 con el tabaco de contrabando y, posteriormente, con la cocaína.

Cuatro toneladas de coca

Según el auto por el cual Lamela acordó los registros de casi medio centenar de domicilios y oficinas vinculadas con la organización, la red que dirigía Sito Miñanco intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde eñ 2016.

La organización, según la jueza, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales. Así, mientras algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero en 'b', un tercero utilizaba falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de ese dinero en sus cuentas, mientras que otro integrante utilizaba su empresa de seguridad para emitir facturas falsas.

Las grabaciones telefónicas y las pesquisas de los investigadores permitieron saber que el movimiento de dinero de la red provenía directamente de las actividades del narcotráfico. En concreto, una de las escuchas realizadas permitió saber que una de las entregas de dinero a la trama era superior a 1,8 millones de euros.