El personal sanitario que lleva casi dos meses de huelgas y protestas contra la privatización de la gestión de hospitales y centros de salud madrileños vieron reforzado ayer uno de los argumentos que esgrimen con más fuerza para oponerse a una medida que, a su juicio, no consiste en mejorar la eficacia sino en "regalar el negocio a los amiguetes". Y es que ayer transcendió que el exconsejero de Sanidad de Madrid que inició la ola privatizadora, Juan José Güemes, se sienta en el consejo de administración de la compañía que se ha hecho con la gestión del servicio de análisis clínicos de seis hospitales y 256 centros de salud y residencias de ancianos adscritos. Un servicio que él mismo privatizó en el 2009 y adjudicó a la empresa en cuestión.
La operación es legal porque, como destacó el presidente madrileño, Ignacio González, hace más de dos años que Güemes abandonó la consejería, el plazo que exige la ley de incompatibilidades. Ni siquiera ha entrado directamente en la empresa a la que él concedió el servicio. Güemes forma parte del consejo de administración de Unilabs España, filial de la multinacional suiza del mismo nombre, que adquirió el pasado noviembre una participación del 55% en dos de las tres empresas de la UTE titular de la concesión. Esta está integrada por Balagué Center, Ribera Salud y la sociedad de Servicios Médicos AMS, siendo las dos primeras las que ahora están en manos de Unilabs.
PELOTAZO SANITARIO Pero el exconsejero fue la cara visible del arranque del proceso de privatización y descubrirlo ahora en una de las sociedades que recibieron las primeras porciones de la tarta ha hecho saltar la indignación de los partidos de la oposición, asociaciones, sindicatos y ciudadanos que convirtieron el escándalo en trending topic en Twitter buena parte del día.
"Güemes es la prueba evidente del cuál es el interés del PP cuando privatiza seis hospitales y centros de salud", resumió la número dos del PSOE, Elena Valenciano, mientras que el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, concluyó que "el pelotazo sanitario" que supone la privatización de la salud madrileña ha sustituido en el PP al del ladrillo.
El negocio que maneja la UTE no es menor. La concesión administrativa es por un periodo de ocho años, con posibilidad de prórroga para dos más. Además de la gestión de los análisis clínicos correspondientes a esos hospitales, contempla la de los centros de atención primaria de su área de influencia, 49 centros de salud, 107 consultorios periféricos y 100 geriátricos.
Del mandato de Güemes pasó a la historia una jornada que organizó en el hotel Ritz titulada Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa , en la que explicó el plan de construcción de hospitales por la iniciativa privada auspiciado por él bajo las directrices de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Los empresarios del sector sanitario y la construcción que asistieron pagaron por hacerlo 1.200 euros y una de las cosas que escucharon de su boca fue: "El dinero sigue al paciente". Años después, varias de estas empresas se hicieron con parte de ese negocio sanitario y ahora esperan más.
LA EMPRESA SE DEFIENDE Güemes optó ayer por permanecer callado, derivando cualquier respuesta a su empresa, que hizo pública una nota en la que calificó de "torticero y tendencioso" vincular la pertenencia del expolítico a su consejo de administración con cualquier irregularidad en la adjudicación. La nota recuerda que "no se ha tratado de ninguna adjudicación, ni concurso, ni contrato, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sino de un acuerdo entre Unilabs y dos empresas privadas". También destaca la nota que la filial de la compañía suiza no obtuvo ningún contrato de la consejería durante el mandato de Güemes y que su oferta salió derrotada en el concurso que ganó la UTE.
Ni siquiera el Gobierno central, enfrentado al Ejecutivo madrileño por el euro por receta, salió en defensa de Güemes. "Corresponde a la Administración afectada, y en su caso al afectado, dar las explicaciones oportunas. Yo no puedo dar ninguna porque desconozco el caso y no le afecta al Gobierno", respondió al ser interpelada al respecto la vicepresidenta en la rueda tras el Consejo de Ministros.
