El Congreso dio ayer luz verde, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prohíbe la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Los niveles permitidos de estas sustancias en la bollería, las chucherías o los refrescos que se suministren en las escuelas infantiles tendrá que fijarlos ahora el Gobierno mediante un desarrollo reglamentario de la ley.
Los grupos parlamentarios rechazaron una enmienda aprobada en el Senado, que incorporaba el término "añadidos" a los azúcares. La nueva norma obliga también a los centros escolares a elaborar menús especiales para celíacos (intolerancia al gluten) al incorporarse una enmienda procedente del Senado.
Durante el debate de las enmiendas aprobadas en la Cámara Alta, en el que ha intervenido la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, todos los grupos coincidieron en valorar la necesidad de la ley y han destacado su importancia.
La ministra aseguró que la ley tiene como fin fortalecer la salud pública y la seguridad alimentaria, pone el acento en la prevención y en la precaución, y refuerza la coordinación entre todas las administraciones públicas. La ley, añadió, "encaja perfectamente" en el engranaje autonómico en materia de seguridad alimentaria y refuerza la colaboración y la cooperación entre las administraciones.
"Lamentablemente hemos sido testigos directos de las consecuencias que puede tener en un país fuerte como Alemania el no disponer de esa coordinación sólida y eficaz", dijo Pajín, que recordó que la tramitación final de esta norma ha coincidido con una crisis alimentaria, la del pepino, que ha afectado a toda Europa y especialmente a los productores españoles.
LOS CONTENIDOS En la lucha contra la obesidad, la normativa exige menús infantiles que respondan a un correcto equilibrio nutricional y vela también por impulsar la actividad física.
Con el objetivo de disponer de información, se prevé la creación de un observatorio de la nutrición y de estudio de la obesidad, que obtendrá los datos de la realidad existente. Incide además en el establecimiento de procedimientos de actuación en supuestos de crisis o emergencias, así como en la exigencia de que la publicidad sobre alimentos sea "veraz y exacta".
En este sentido, el diputado de IU Gaspar Llamazares lamentó que no haya ido más allá respecto a la publicidad, sobre todo la dirigida a los niños, teniendo en cuenta la alta prevalencia en España de la obesidad infantil, y por el PNV, Joseba Agirretxea dijo que cumple los requisitos que se proponía.
