Otro aspecto novedoso del proyecto es la creación de un registro nacional de donantes de óvulos y espermatozoides, así como de las actividades que lleven a cabo los centros de reproducción asistida, "como garantía de calidad y seguridad de los usuarios". En él quedarán recogidos el número de hijos nacidos de cada donante para evitar que una misma persona tenga más de seis y haya problemas de consanguinidad. La ley, que exige exhaustivos requisitos y controles a los centros, prevé sanciones desde 1.000 euros a un millón. El texto prohíbe la clonación con fines reproductivos, de acuerdo con la formulación que aparece en la Constitución Europea, y la práctica de las llamadas madres de alquiler, por lo que serán nulos posibles contratos en los que una mujer renuncia a su hijo en favor de un tercero.
