En cuanto hoy se abra en Marsella el macrojuicio por el fraude de las prótesis mamarias PIP, todas las miradas se fijarán sobre Jean-Claude Mas. El fabricante de los implantes defectuosos, de 73 años, es el principal de los seis acusados en uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos tiempos. Además de las 5.127 denunciantes, 300.000 víctimas (10.000 españolas) de 67 países estarán pendientes del hombre que, a principios de la pasada década, se convirtió en el tercer suministrador a base de reventar precios gracias a la utilización de un gel no homologado para rellenar las prótesis.

Tan colosal estafa requiere un proceso excepcional que supera la capacidad de los juzgados de la segunda ciudad de Francia. Transformado en tribunal, el Palacio de Congresos de Marsella acogerá a cerca de 300 abogados y un importante despliegue de los medios de comunicación. La fiscalía ha destinado 800.000 euros a la organización de la audiencia, que durante un mes juzgará a Mas por "fraude agravado y estafa".

La relación entre la utilización de un gel de silicona casero --hecho con aceite industrial, 10 veces más barato que el homologado-- y los casos de cáncer de las mujeres con un implante PIP no se ha establecido, por lo que se desconoce el número de muertes causadas por el fraude.

Según un informe sobre las extracciones realizadas, que en Francia son reembolsadas por la Seguridad Social, se han detectado 4.100 casos de ruptura de la prótesis y reacciones inflamantorias en cerca de 2.700 mujeres. Lo que está claro es que todas las afectadas han sufrido secuelas. "No todas las mujeres han sufrido efectos físicos o psicológicos importantes, pero sí están marcadas para el resto de su vida", constata Joëlle.

Aunque la mayoría de las denunciantes son francesas, se vendieron en muchos países de la UE (España, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Bélgica o Polonia), en Rusia y en Sudamérica.