La subcomisión del aborto concluyó hoy la ronda de comparecencias sin ningún acercamiento entre las posturas del PSOE, que admitió que "parece lógica" una ley de plazos si España quiere equipararse con la UE, y el PP, que piensa que esta modificación provocaría un aumento del número de abortos.

Las comparecencias de expertos en la subcomisión que estudia la reforma de la ley del aborto comenzaron el pasado 30 de octubre y desde entonces un total de 30 especialistas en biología, derecho, además de asociaciones de mujeres y representantes de clínicas abortistas han manifestado sus opiniones sobre la reforma.

Según ha señalado en rueda de prensa la portavoz del PSOE en la subcomisión, Carmen Montón, el debate ha sido "útil" y ha dado voz a la demanda social de reformar la legislación vigente porque es "obsoleta" y ha generado "inseguridad jurídica" además de diferencias territoriales.

Montón ha apuntado que la nueva norma debe tener en cuenta el diagnóstico prenatal más allá de las 22 semanas, porque es "una crueldad" que estas mujeres no tengan dónde recurrir si quieren abortar.

La representante socialista ha criticado que varios de los comparecientes propuestos por el PP se hayan mostrado contrarios al uso del preservativo y opuestos al aborto, "cuando no estamos en ese debate".

A su juicio, las "resistencias" a reformar la ley se deben a condicionamientos morales y ha preguntado al PP si se desvincula de estos comparecientes. Por el contrario, la portavoz del PP en la subcomisión, Sandra Moneo, se ha mostrado satisfecha por el nivel de sus comparecientes que han presentado la realidad del aborto, mientras el PSOE ha traído a tres clínicas abortistas pero no ha dado voz a las asociaciones que defienden la mujer y la maternidad.

Moneo ha criticado la "actitud cerrada" del PSOE que ha ignorado estas comparecencias y ha asegurado que la decisión sobre la reforma de una ley de plazos "está tomada".

"Si quieren un aborto libre que lo digan claramente para ver cómo puede encajarse esto en la doctrina constitucional", ha señalado. En opinión de Moneo, el informe de la subcomisión, cuya discusión se llevará a cabo en febrero, ya que el mes de enero es inhábil en el Congreso, "no se tendrá en cuenta".

A la última sesión de comparecencias ha acudido hoy el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez Agrela, quien ha señalado que las mujeres no desean facilidades para abortar sino para continuar su embarazo.

Para Giménez, el aborto no es un problema sino la punta del iceberg de la situación real que padece la mujer y la raíz de este problema es lo que ha denominado "mobbing maternal".

La mejor solución para el problema que genera el aborto es potenciar la adopción nacional permitiendo que al menos un 12 por ciento de los abortos se canalicen hacia adopciones nacionales.

También ha comparecido el director del Instituto de Estudios del Capital Social de la Universidad Abar Oliba, Josep Miró i Ardevol, quien ha señalado que desde 1985 hasta 2020 el aborto supone 4 millones de vidas menos, que en términos monetarios se traduce en una pérdida de 310.000 millones de euros.

En el mismo periodo, la reducción de ingresos de la Seguridad Social es de 86.744 millones de euros. Además, Miró ha incidido en la "evasión fiscal y el blanqueo de dinero" que se produce en las clínicas abortistas.