El Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León exigió ayer a la Junta que los efectos de la sentencia sobre retirada de símbolos religiosos en un colegio de Valladolid se extiendan, de oficio, a todos los centros públicos de la Comunidad Autónoma.
La portavoz de este grupo, Ana Redondo, señaló, que la extensión de los efectos de la sentencia "es la única forma de que se tutelen los derechos de las familias que, por el motivo que sea, no profesan la religión católica" y, por lo tanto, se reconozca el pluralismo ideológico y religioso en la escuela pública.
Redondo aseguró que su grupo ha recibido quejas sobre este asunto sobre todo del medio rural, "donde nos consta que se mantienen los símbolos religiosos en los centros públicos".
Asimismo, destacó que la resolución judicial está en plena sintonía con la Constitución, en la que se inspira, ya que "exige la neutralidad del Estado".
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid dictado la sentencia que obliga al colegio público Macías Picavea de esta ciudad a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, después de que un grupo de padres así lo demandara desde 2005.
Por su parte, el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, opinó ayer que "lo que ha acaecido a propósito de una memoria en la que fue casa de santa Maravillas o la sentencia de supresión en un colegio de Valladolid de los crucifijos, son hechos en los que se denota una cristofobia que, en definitiva, es el odio a sí mismos".
Cañizares, en una homilía en la catedral de Toledo, se referió así al rechazo de la Mesa del Congreso de los Diputados a la instalación de una placa en homenaje a la monja sor Maravillas y a la sentencia que obliga a retirar los símbolos religiosos del colegio público Macías Picavea.
"Nuestra sociedad está enferma, muy enferma", dijo Cañizares durante la homilía.
