El PSOE registró ayer en el Congreso una iniciativa que venía anunciando desde el 2015: la ley sobre la regulación de la eutanasia. Los socialistas abogan por legalizar esta práctica en casos de enfermedad o discapacidad grave, sin ser necesario que se trate de una dolencia terminal.
La norma reclama que la prestación de ayuda para morir, sobre la que los médicos pueden ejercer su objeción de conciencia, esté incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Los socialistas entienden por discapacidad grave crónica la «situación en la que se produce en la persona afectada una invalidez de manera generalizada de valerse por sí mismo, sin que existan posibilidades fundadas de curación». La proposición de ley añade: «Se entienden por limitaciones aquellas que inciden fundamentalmente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, así como sobre su capacidad de expresión y relación, originando por su naturaleza sufrimientos físicos o psíquicos constantes e intolerables, sin posibilidad de alivio que el paciente considere tolerable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico».
Las posibilidades de que el Congreso apruebe esta ley no resultan claras. El PSOE cuenta con el apoyo los grupos Unidos Podemos y ERC, y da por seguro el rechazo del PP y Ciudadanos. La clave, señalan los socialistas, reside en el voto del PNV y el PDECat.
