El PSOE y UGT han urgido al Gobierno a que modifique el pliego de condiciones del contrato del servicio que controla las pulseras telemáticas de los maltratadores con órdenes de alejamiento, que ha quedado desierto porque ninguna empresa se ha presentado ante la escasez de presupuesto para gestionarlo.

Así lo ha explicado a Efe el responsable del ámbito de Seguridad a nivel estatal de UGT, Diego Giráldez, quien acusa al PP de su «falta de sensibilidad con la violencia de género» al haber destinado al Centro de Control Cometa, encargado de implantar estos brazaletes, casi el mismo presupuesto que hace diez años.

Ello ha hecho que el pasado mes de noviembre quedara desierto el concurso para licitar la gestión de este centro, que continúa desarrollando de manera prorrogada Securitas Direct, debido a que «ninguna empresa optó por la escasez de presupuesto para hacerlo con garantías».

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contestó que está trabajando en mejorar el pliego de condiciones del contrato, que atiende a más de 1.000 víctimas, y que está dotado con 27,45 millones. Sin embargo, dicha cantidad sería insuficiente porque los brazaletes, que aún operan en tecnología 2G y 3G «están obsoletos» y hay que renovarlos. Según trabajadores de la empresa, «fallan en el 50% de las ocasiones», de forma que «saltan cuando no tienen que saltar, y no saltan cuando tienen que hacerlo», con los riesgos que conlleva.

A ello se une que el servicio que se da a las víctimas de esta violencia es «cercano al de un call center», donde a la veintena de empleadas se les imponen «objetivos de tiempo y resultados», denuncia a Efe el Comité de Empresa. Unos tiempos que se establecen «con independencia de la situación a atender». Además, «estas mujeres no tienen ninguna cualificación, solo es la supervisora la que debe estar formada en violencia de género», dicen.