TUtna de las primeras medidas que tomó el actual Gobierno fue la de controlar la llamada publicidad institucional. Veníamos de una época esplendorosa con la llegada de Zaplana a Madrid, que aprovechó el ambiente preelectoral de enero del 2004 y la consiguiente actualización de las pensiones para vendernos un ministerio que repartía felicidad por doquier. Es fácil acordar que es necesario que las instituciones divulguen los servicios que ofrecen, pero lo que ya no está tan claro es que nos intenten vender como logros gubernamentales lo que son los estrictos cumplimientos de la ley y que se confunda informar al ciudadano con conciertos de auto-bombo. Es lógico que un ministerio publicite las ayudas a las que se pueden acoger los diferentes colectivos aunque no tiene ningún sentido que se hagan alardes de lo realizado. Hace unos años, con motivo de la construcción de unas viviendas de realojo, tres instituciones compitieron por poner las vallas publicitarias más grandes incluso antes de poner el primer ladrillo. En aquella ocasión todo salió perfecto pero en otras ocasiones encontramos paneles que nos anuncian que se va a pintar un edificio público y donde se ve que el coste del cartel se lleva un tercio del presupuesto. Anteayer ya había instituciones pujando por ser el último anunciante del año: esperemos que el 2006 sirva para que las instituciones nos informen sin vendernos la moto y que los carteles pasen de decirnos lo que se va a hacer a indicarnos cómo se va a los nuevos parques, escuelas o centros de salud.
