Después de meses hablando de ella, el Gobierno ya tiene negro sobre blanco su reforma de las administraciones públicas, una herramienta con la que intenta poner en marcha una gran ofensiva recentralizadora con la crisis económica como excusa. "Planifiquemos juntos. Somos un Estado muy descentralizado", pidió ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo ha elaborado una "guía" con recomendaciones a las comunidades y a los ayuntamientos para eliminar organismos que están duplicados, compartir medios y modernizar el funcionamiento del sistema, entre otras propuestas, con las que quieren adelgazar las estructuras administrativas y ahorrar, hasta el 2015 un total de 37.620 millones de euros.

Esta cifra, no obstante, tiene trampa, ya que el Ejecutivo ha incluido todos los recortes hechos en la Administración hasta ahora (asesores, parque móvil...), también las medidas que han afectado a los funcionarios (tasa de reposición cero, aumento de la jornada y reducción de moscosos), la reforma local (todavía sin cerrar) y el coste que supondría que todas las comunidades acataran sus consejos (la supresión de todos los defensores del pueblo autonómicos y los tribunales de cuentas, la anulación de los institutos de opinión y las agencias de meteorología, por escoger algunos ejemplos).

VOLUNTAD AUTONOMICA Como esa cifra final depende en gran medida de la voluntad de las comunidades, habrá que ver en los próximos meses hasta qué punto las autonomías, la mayoría gobernadas por el PP, están dispuestas a seguir la "guía". En el caso de Cataluña, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ya advirtió ayer de que Catalunya no se siente "aludida" por el informe y no aplicará sus sugerencias, aunque el gobierno catalán reconoció su temor de que esa rebeldía tenga consecuencias en la negociación del fondo de rescate.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ayer compareció con Santamaría tras el Consejo de Ministros, no se mostró tan amenazante como en otras ocasiones, no ligó el cumplimiento del informe al objetivo de déficit y se limitó a destacar la actitud "colaboradora" que las autonomías habían tenido en los últimos meses, cuando entre todas han cerrado más de 500 empresas públicas. Hacienda pretende dar la batalla ante la opinión pública y acorralar a aquellos gobiernos que reincidan en recortes del gasto social o subidas de impuestos en vez de en el cierre de organismos duplicados.

Con esta radiografía de las administraciones públicas, en la Moncloa cuentan con una lista del coste que supone cada organismo público autonómico de manera que Hacienda podrá advertir a los consejeros económicos que acudan a negociar el plan de rescate o el techo de déficit del ahorro que dinero se ahorrarían si cerraran tal o cual empresa pública.

EL COSTE DEL DEFENSOR En el informe, el Gobierno, consciente de que la propuesta de extinguir los defensores del pueblo es polémica, denuncia "el bajo rendimiento" del personal que compone estos organismos autonómicos: en el Defensor estatal trabajan 165 personas que tramitan 33.849 quejas; en los de las comunidades 346 se encargan de 38.407 expedientes, señala el documento. Además, fuentes de la Moncloa explicaron que han calculado el coste que tiene tramitar cada queja: el Defensor del Pueblo lo hace con 400 euros y los autonómicos con una media de 800.

Respecto a la propuesta para reducir los parlamentos autonómicos, un alto cargo del Ministerio de Presidencia apuntó que no se incluye la recomendación como tal ya porque no se trata de una administración pública. La idea, no obstante, aparece bendecida (la quiere poner en marcha la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal) y está bien vista por el Ejecutivo.

En cuanto al temor de que la reforma provoque nuevos despidos de empleados públicos, Santamaría reconoció que puede "salir" algún eventual o asesor, y añadió que el personal que "se libere" con la supresión de un organismo autónomo tendrá un hueco en otros puntos de la administración, ya que van a potenciar la movilidad geográfica.