La Audiencia de Barcelona ha enmendado la plana a la juez Cristina Ferrando y le ordena que cite a declarar al urólogo Josep Maria Gil-Vernet para que detalle los pormenores de la desaparición del expediente médico del Rey Juan Carlos de la consulta privada del médico, situada en la clínica Sant Josep.

Además, la magistrada también deberá tomar declaración a los agentes de la Guardia Urbana que estaban presentes en el momento en el que el doctor entró en su consulta y dijo echar en falta el expediente del monarca, dando fe en un acta notarial trasladada al juzgado.

Estas eran las dos peticiones que la abogada del urólogo, Cinta Caminal, había solicitado a la juez, quien se opuso a ordenar estas diligencias. Ahora, en trámite de recurso en la instancia superior, la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona ha ordenado a la magistrada que "procede" practicar estas diligencias. "No es descartable la comisión de un presunto delito contra la intimidad, por lo que las diligencias solicitadas son adecuadas para la investigación de los hechos", reza el auto.

La denuncia inicial que el doctor presentó en el juzgado a principios del 2004 hacía referencia a las presuntas coacciones que sufría por parte de un grupo de trabajadores de la clínica, inmersa en un conflicto laboral. Ya entonces, el médico mostraba su preocupación por la suerte de algunos expedientes de diversas personalidades. El pasado febrero, cuando Gil-Vernet echó en falta el expediente, presentó el acta notarial donde daba fe de estos hechos en el juzgado donde se investigaban las amenazas.

LA RESPUESTA La juez se opuso, pese a la petición del fiscal, a entrar en el asunto con el argumento de que "el denunciante no ha puesto en conocimiento de este juzgado ninguna posible sustracción o desaparición".

El tribunal de la Audiencia de Barcelona, en respuesta al recurso, razona que "en el escrito de denuncia se hace mención del depósito de las historias en el interior de la consulta, que las mismas contienen información calificada de secreta, que algunas de ellas se refieren a personas cuya singularidad e importancia institucional requiere un nivel de seguridad superior". "En consecuencia --sigue--, aunque en la denuncia no se reseña la sustracción de ninguna historia, sí se expresa el riesgo para la mismas a tenor de los derroteros que tomaba el conflicto laboral".