La reforma de la ley de extranjería que presentó ayer el Gobierno permitirá a la pareja del inmigrante y a sus hijos menores de 18 años que estén en edad laboral acceder al permiso de trabajo de forma automática en cuanto lleguen a España acogiéndose a la figura de la reagrupación familiar.

Así lo explicó ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, argumentando que hasta ahora se producía una situación de "frustración" dado que la reagrupación no venía acompañada del permiso laboral. Esta novedad viene a colmar una reclamación de asociaciones de inmigrantes y sindicatos, que denunciaban el callejón sin salida en el que se quedan parejas e hijos reagrupados que no disponen del derecho a trabajar.

Esta es una de las principales novedades de un proyecto que, en otros aspectos, endurece sensiblemente las condiciones a los inmigrantes. Es el caso, sin ir más lejos, de la misma reagrupación familiar de ascendentes familiares del inmigrante. Estos solo tendrán permiso de entrada cuando el ciudadano extranjero lleve cinco años de residencia legal en España y su padre o madre tengan más de 65 años. Además, se incrementará el rigor en las condiciones de vivienda y económicas de quien quiera llevar a cabo la reagrupación.

LA RETENCION, 6O DIAS El otro aspecto donde se produce una restricción de derechos de los inmigrantes es en el periodo de retención de los que estén en situación irregular. El periodo se extiende de los 40 días actuales a 60, e incluso se llegó a barajar subir esta cifra a los 70 días. La ampliación, según Corbacho, obedece a que los actuales plazos no permiten tiempo suficiente para tramitar las expulsiones. La directiva europea de retorno de inmigrantes aprobada en junio establece un máximo de 18 meses. El Gobierno quiso destacar que la reforma favorece la integración.

Otra de las medidas es el fomento --pero no la obligación-- del aprendizaje del castellano y las lenguas cooficiales y el endurecimiento de las sanciones muy graves hasta los 100.000 euros. Estas multas se refieren a ámbitos como la contratación de inmigrantes en situación irregular, el sobreempadronamiento de viviendas, el tráfico de falsos empadronamientos, los matrimonios fraudulentos y las reagrupaciones amañadas.

El texto incorpora también lo que regulan fallos del Constitucional, en cuanto a ampliación de derechos de los inmigrantes --como el derecho de asociación de los inmigrantes en situación irregular--, y también pone al día la ley de acuerdo con directivas europeas en relación a estudiantes e investigadores extranjeros.

En la presentación del proyecto, el Gobierno hizo incapié en dos conceptos. Por una parte, reforzar la idea de la inmigración "ordenada, legal y regular" y, por otra, una ampliación de derechos de los extranjeros residentes en España. El Ejecutivo también aseguró que en paralelo a la ley trabaja en la ayuda al desarrollo de los países de origen.

Respecto a los apoyos políticos para aprobar esta propuesta en el Congreso, Corbacho dijo que parte de la confianza "y casi de la seguridad" de que la mayoría de fuerzas políticas darán su apoyo al texto y aspira a la unanimidad para que pueda entrar en vigor antes de la segunda mitad de 2009. También anunció que se abrirá un tiempo de conversaciones con las entidades.

Las primeras reacciones han sido desiguales. A nivel político, el PP afirmó que la propuesta copia en gran medida sus iniciativas, y las asociaciones de inmigrantes celebraron que cónyuge e hijos dispongan de permiso de trabajo, pero criticaron que se restrinja esta reagrupación respecto a los ascendentes.