La atención a los dependientes es un servicio básico, como el sanitario, del Estado del bienestar. Partiendo de esta premisa el Ministerio de Sanidad y Política Social rechazó ayer la implantación de una cotización adicional a la que existe para las pensiones, para dotar de una financiación más sólida al Sistema Nacional de la Dependencia (SND).

Esta medida, mediante la cual los trabajadores irían financiando durante su vida laboral las atenciones que requerirán cuando sean mayores, es una de las propuestas de un grupo de expertos en un informe encargado por el Congreso de los Diputados. Su diagnóstico, presentado en la Comisión de Sanidad, alerta de que el gasto por esta prestación se disparará del 0,6% del PIB al 1,5% en el 2015 cuando se complete el sistema.

El Ejecutivo, explicó ayer el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, considera que, además de ir contra la filosofía de la ley, esta cotización o impuesto adicional supondría una carga difícilmente soportable para los asalariados teniendo en cuenta que la fiscalidad ya es elevada y la actual precariedad laboral. Tampoco es partidario de otra medida en esa línea, ligada la sector privado, como un seguro obligatorio mediante el abono de primas (equivalentes a cotizaciones) a partir de una cierta edad o una prima única a partir de los 65 años.

COPAGO FARMACEUTICO Los expertos que ha elaborado el informe, entre los que figuran los catalanes Montserrat Cervera, exdirectora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), y Guillem López Casanovas, catedrático de la Pompeu Fabra, también han planteado otra medida una vez más rechazada por el Gobierno: eliminar la gratuidad farmacéutica para los jubilados y que continúen con la formula de copago habitual anterior al retiro laboral. Proponen que esos recurso se vayan destinados a futuros dependientes.

Los expertos y algunos portavoces parlamentarios denunciaron la financiación al 50% por parte las autonomías prevista en la ley, no se corresponde con la práctica diaria, en la que cargan con hasta el 70%, como es el caso de Cataluña, según el portavoz de ERC, Joan Tardá.

FONDOS FISCALES Moza eludió hablar de porcentajes pero consideró "inasumibles" algunas de las propuestas de los expertos y defendió que la viabilidad del sistema está asegurada con la financiación adicional que supondrá la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA). En la futura norma, que entrará en vigor el 1 de enero, se incluye la prestación de servicios sociales y de la dependencia por parte de las comunidades que --según Moza--, dispondrán de una "sustanciosa cesión de impuestos" por parte del Gobierno central, con los que hacer frente a la mitad de la financiación de la dependencia.

La recaudación del IVA por las autonomía será elevada del 30% actual al 50; la del IRPF pasará del 33% al 50% y el alza fiscal de los impuestos especiales se elevará del 40% al 58%. Moza también avanzó que se creará una partida específica dentro de los Presupuestos General del Estado para el 2010, que agrupe todo el gasto estatal en el la materia e incluirá otros fondos del Plan E y de inversión local.

CiU y el PNV dudaron de que esta partida de la LOFCA sea suficiente para financiar un sistema en constante crecimiento, mientras parece seguro que la crisis económica disminuirá los fondos obtenidos por la recaudación fiscal en general.