El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de evaluación ambiental, que obligará a la Administración central a emitir los informes de impacto en unos plazos máximos de entre cuatro y seis meses. Un drástico recorte, si se tiene en cuenta que hasta ahora estaba fijado en dos años y que la media real era de tres años y cuatro meses. Los ecologistas reaccionaron contra la nueva norma, convencidos de que comportará también un drástico deterioro de la protección ambiental.

El ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, afirmó que, con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación, la norma establece una evaluación "más ordenada, más clara y más concisa". El propósito es evitar la paralización durante largos periodos de tiempo de "proyectos de inversión" ahora que son más necesarios que nunca, según Cañete, que citó el caso del informe de impacto ambiental de la variante de la N-211 en Alcorizo (Teruel): tardó casi 16 años.

80.000 EMPLEOS También recordó el ministro que cuando llegó al Gobierno encontró sobre su mesa el informe de impacto de la refinería Balboa, que llevaba siete años sin concluir. "Nosotros lo resolvimos en cuatro meses", zanjó. El ministerio estima que el recorte de plazos tendrá un impacto positivo sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros y que generará unos 80.000 empleos.

Asimismo, todas las comunidades autónomas, con competencias exclusivas en medioambiente, no estarán obligadas a regirse por la nueva normativa, pero Cañete expresó su voluntad de armonizar procedimientos. "Sería muy bueno para la inversión y la unidad de mercado", indicó.

También garantizó que la rapidez "no irá en detrimento del rigor". Se establecerán, dijo, unas normas más exigentes para las declaraciones que implican un impacto ambiental de gran dimensión, que podrán tardar seis meses, pero más someras cuando se prevea un impacto "mínimo". Estas deberán estar en cuatro.

OTRA MEDIDA La norma también incluye la obligatoriedad de que sean sometidos a evaluación los proyectos de fracking (técnica extractiva de hidrocarburos, mediante la cual se fractura la roca del subsuelo inyectando agua y productos químicos a presión y que es rechazada por los ecologistas por el riesgo de contaminación de los acuíferos).