El hachazo que el Gobierno y las autonomías han asestado a la educación durante la crisis ya tiene cifras. El gasto público en esta materia clave para el futuro cayó un 20,3% entre 2008 y 2013, lo que ha ocasionado "tensiones no deseables al poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema educativo", según el estudio ‘Cuentas de la Educación en España 2000-2013. Recursos, gastos y resultados’, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), presentado este martes.

El informe destaca que a pesar de que las familias “también han sufrido caídas de ingresos en los últimos años”, su compromiso “ha sido más estable”, hasta el punto que han compensado con su contribución parte del déficit de aportaciones públicas. Desde el 2009 hasta el 2013, la aportación de los hogares a la enseñanza de sus hijos ha crecido un 28,2%, aunque este ha sido protagonizado sobre todo por las familias con mayores rentas, las que se lo podían permitir.

“Los de mayores ingresos dedican un porcentaje cuatro veces superior al de las familias de ingresos menores”, señala el estudio. El aumento del gasto también se ve muy influido por el nivel de estudios del sustentador principal del hogar y por la titularidad del centro al que acuden los alumnos: el gasto se duplica cuando es un centro privado concertado y se cuadruplica cuando es privado no concertado.

CICLO EXPANSIVO

Las cifras de la crisis contrastan con el fuerte aumento del dinero aportado por las administraciones cuando la economía se hallaba en el ciclo expansivo. Entre el 2000 y el 2008 el incremento del gasto público educativo fue del 25,5% mientras que el privado creció un más modesto 5%. En el 2015 el total del gasto público se sitúa en 41.165 millones, según las últimas estimaciones, mientras que el privado estaba en 12.766, en el 2013.

Con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema educativo, y protegerlo de posibles ajustes durante crisis intensas y duraderas como la actual, los autores recomiendan “crear un fondo de reserva -similar al de la seguridad social-, controlar el crecimiento del gasto en las fases de expansión económica y vincular la financiación a los resultados formativos para hacerlo más eficiente”. El estudio ha sido dirigido porFrancisco Pérez, director de investigación del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia, y Ezequiel Uriel, profesor investigador del Ivie y catedrático de la misma universidad.

Los autores revelan también que las familias destinan un 39,2% de su gasto a clases lectivas. La mitad de esta partida se concentra en la educación infantil y primaria, los niveles educativos en los que se cursan más años de formación, siendo la financiación pública más limitada en educación infantil. En segundo lugar, la compra de bienes y servicios conexos, como uniformes, libros o transporte escolar representa un 25,5%. Los servicios y actividades complementarias suponen un 23,9% y las actividades extraescolares, dentro y fuera del centro el 11,4%.