"En la asamblea de rectores que analizó la LOMCE la mayoría se mostraron asombrados. ¿Por qué se quita la selectividad si va bien?". Sobre este interrogante aparentemente sin respuesta hizo bascular su intervención la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, en la primera jornada de comparecencias de medio centenar de expertos sobre la ley de mejora de la calidad educativa (LOMCE), que se tramita en la Cámara baja.

Su principal mensaje fue tan simple como su pregunta. "Si algo funciona, no lo toques", advirtió a los diputados. La reforma planteada por el Ministerio de Educación prevé que para acceder a la universidad sea necesario el título de bachillerato, que se obtendrá tras superar una evaluación externa, pero no excluye la realización de pruebas específicas o el filtro a través de criterios propios de cada universidad. Un sistema que, según los rectores, generará "desigualdades" y provocará que los alumnos con menos recursos tengan también menos posibilidades de acceso a la universidad.

"El sistema actual es fruto del trabajo de muchos años, a lo largo de los cuales se ha ido perfeccionando. Es participativo, y garantiza una única prueba de acceso y el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad", dijo De la Calle, quien pidió que si el ministerio no rectifica, las universidades participen en el diseño de la evaluación final del bachillerato y se les permita homogeneizar los criterios de las pruebas que decida imponer cada una.

EL CONTROL DEL ESTADO La diputada del Partido Popular María Jesús Moro mostró, por su parte, la disposición de su grupo a pulir estos últimos aspectos, mientras que el de CiU Martí Barberà brindó una respuesta a la pregunta de los rectores: "Se sustituye una prueba por otra porque la de bachillerato la controlará el Estado".