Pese a que las denuncias de violaciones siguen aumentando a un ritmo de un 23% anual, según la última memoria de la Fiscalía, que alerta de una «preocupante» subida del 43% en la violencia machista y sexual protagonizada por menores, la reforma de los delitos sexuales, que prevé endurecer algunas penas y clarificar cuándo son delito, sigue en el cajón, debido a la inestabilidad política y la ausencia de un Gobierno estable.

La Sección de Penal de la Comisión de Codificación, a la que el exministro de Justicia Rafael Catalá encargó un informe sobre cómo modificar el Código Penal como respuesta a las protestas que generó la primera sentencia de La manada de los Sanfermines, entregó su informe al Gobierno, que lo estudió en Consejo de Ministros el pasado diciembre. El informe fue solicitado después de que los cinco acusados fueran condenados por abuso sexual y no por agresión, lo que corrigió el Supremo, que elevó la pena a 15 años de cárcel.

A partir de las ecomendaciones de los expertos, el Ministerio de Justicia elaboró un anteproyecto legal, que estaba casi listo pero que no dio tiempo a aprobar debido al adelanto electoral. Y todo indica que tardará varios meses más si se repiten las elecciones. La intención del Gobierno es acabar con la distinción entre abuso y agresión (cuando hay violencia o intimidación) que ha generado tanto rechazo, incluido en el ámbito jurídico, y que cualquier ataque a la libertad sexual sea considerado agresión. Asimismo, prevé introducir el término violación en Código Penal, para denominar las agresiones con penetración. Y, teniendo en cuenta el clamor a favor del solo sí es sí, se castigará con prisión cualquier comportamiento sexual sin consentimiento.

En la modalidad más grave, las agresiones sexuales se seguirán castigando con hasta 15 años de prisión, pero en los casos más leves la intención es aumentar la pena de uno a tres años de cárcel. También prevé que desaparezcan las penas de multa, para que siempre se castigue con privación de libertad un delito que genera un fuerte rechazo social. Por último, se prevén medidas para limitar los beneficios, la clasificación en tercer grado y los permisos penitenciarios.