En las pasadas elecciones generales, las personas con discapacidad y que además están incapacitadas legalmente-unos 100.000 electores- pudieron votar por primera vez gracias una reforma de la ley del régimen electoral general que se aprobó por unanimidad en octubre. No obstante, el adelanto electoral provocó que otras dos modificaciones legales de calado, viejas reivindicaciones del colectivo, se quedaran aparcadas y figuran, por tanto, entre los deberes del próximo Gobierno, se forme este cuando se forme.
La primera hace referencia a la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir las palabras «minusválido o disminuido» por «persona con discapacidad». «Se trata de un proyecto que no es meramente terminológico y que debe consagrar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos», reclama el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), entidad que agradece al presidente en funciones Pedro Sánchez que en su discurso de investidura mostrase su disposición a culminar la reforma, que ni siquiera llegó a comenzar su tramitación.
La segunda es la reforma destinada a eliminar la posibilidad de que las personas con discapacidad sean incapacitadas legalmente, tal como exige la Convención de la ONU, que España ratificó en el 2008 y aún no ha cumplido. El anteproyecto aprobado por el Gobierno en septiembre, que modificaba varias leyes, sí llegó a la Cámara baja, pero se quedó en el trámite de enmiendas. El Cermi pide que se recupere para cambiar el «esquema paternalista» del derecho civil y garantizar así la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con los apoyos necesarios cuando sea preciso.
Por último, el colectivo reclama que se impidan las esterilizaciones de mujeres. Se promueve esta práctica para protegerlas de embarazos no deseados, pero se vulneran sus derechos sexuales, destaca la organización.
