Con una decisión salomónica, de esas que a pocos dejan contentos, intenta resolver el PP el conflicto que se le presentaba con el calendario de implantación de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE). La formación conservadora ha propuesto, a través de una enmienda en el Senado presentada ayer, que la entrada en vigor de la reforma se aplace en la educación secundaria obligatoria (ESO) y en el bachillerato hasta el curso 2015-2016, pero mantiene que se aplique ya el próximo septiembre en primaria y en la formación profesional (FP). De este modo, los senadores populares tratan de conciliar el interés de su partido de que la LOMCE sea una realidad antes de que termine esta legislatura con la voluntad de las comunidades (incluidas las que están gobernadas por el propio PP) de retrasar la aplicación de una reforma que va a tener un alto coste de implantación y que van a tener que sufragar, en su mayor parte, las autonomías.

La revisión del calendario, incluido en la ley durante su tramitación en el Congreso, también prevé que las reválidas que hagan los estudiantes de ESO y de bachillerato no tengan validez hasta el año 2018, con lo que se da un margen al Ministerio de Educación para buscar soluciones a la posible invasión competencial que suponen estas pruebas.

ALUMNOS EN EL LIMBO El PP aprovecha el paso de la ley por el Senado para sacar del limbo en el que se encontrarían, según el texto que llegó del Congreso, los alumnos que no superasen la reválida tras aprobar la ESO y el bachillerato. Una enmienda pide que para ellos "las administraciones públicas establezcan medidas de atención personalizada". La ley solo ofrecía la posibilidad de repetir la evaluación.

El partido del Gobierno también propondrá que figure en la ley el "carácter básico" de las medidas de refuerzo que se aplicarán a los que tienen necesidades especiales. Y defiende que el director de los colegios concertados sea elegido por el titular del centro previa aprobación del consejo escolar por mayoría simple, no absoluta como se exigía.

El PSOE ha presentado un veto a la totalidad y 109 enmiendas, nueve de ellas distintas y añadidas a las que presentó sin éxito en el Congreso de los Diputados. "El objetivo --explicó su portavoz, Vicente Alvarez Areces-- es frenar las inaceptables modificaciones incluidas por el PP durante la tramitación, como la supresión de la consideración de la educación como un derecho, y defender un calendario de aplicación de cinco años".

Además de pedir, como el PSOE, que la implantación de la ley se haga en cinco años, el grupo de CiU avisa, entre su centenar de enmiendas, de que los derechos de los estudiantes que están ya en el sistema pueden ser vulnerados si se les cambia de repente de modelo. Por eso, pide "que los alumnos terminen la etapa educativa en que se encuentran según la LOE y que, por tanto, la LOMCE solo se aplique en los primeros cursos", explicó Ramon Alturo, portavoz de Educación de la Cámara alta.

BACHILLERATO Aunque estaba sobre la mesa, por las presiones del ala más conservadora, el PP no usará el Senado para imponer la oferta obligatoria y como materia computable de la asignatura de Religión en el bachillerato, contra lo que piden los obispos.