Andalucía, Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas que más denuncias registran sobre el supuesto tráfico de bebés robados para adopciones ilegales entre los años 50 y 80 del siglo pasado. En España hay 261 casos de tráfico de seres humanos denunciados, según los datos entregados el jueves por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) a la Fiscalía General del Estado. La asociación, representada por el letrado Enrique Vila, acumula otros 600 casos en lista de espera, mientras aguarda a que la Fiscalía General derive los recibidos a los fiscales territoriales "para que proporcionen la verdad y castiguen a los culpables: médicos, enfermeras, enterradores e intermediarios que participaron en esta trama organizada de secuestro y compraventa de bebés", dice el letrado. "Llegaremos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no hay respuesta del fiscal o si los jueces archivan los casos argumentando que han prescrito".

Algunos de los casos denunciados por Anadir ya tienen sus procedimientos abiertos por parte de fiscalías de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. El patrón predominante en los casos puestos sobre la mesa del fiscal general es siempre el mismo. Detrás, denuncian los afectados, existiría una trama organizada de personas que traficaban con los niños, los robaban, los vendían a parejas infértiles y los inscribían como hijos biológicos suyos. Ningún padre firmaba ningún documento entregando su hijo voluntariamente en adopción.

Un factor común, según Anadir, era decir a las madres --sin recursos ni capacidad de investigar-- que sus hijos habían muerto en el parto. Luego ofrecían los bebés por entre 50.000 y un millón de pesetas, diciéndoles que eran de drogadictas o prostitutas. "Se llegaron a hacer ventas a plazos de hasta 12 años, mediante letras, como un coche o una lavadora", dijo Antonio Barroso, presidente de Anadir.