Inmigración no es sinónimo de delincuencia. Este es el mensaje que subrayó ayer el Ayuntamiento de Salt (Girona) tras los altercados del fin de semana que acabaron con una docena de vehículos y varios contenedores quemados. La alcaldesa, Iolanda Pineda, pidió también que no se relacionen estos incidentes con la tensión racial vivida hace un año en Salt.

No obstante, pocas horas antes, la propia Pineda se pronunciaba en sentido distinto, al considerar que los sucesos justifican su pretensión de que se niegue el derecho al arraigo y a la reagrupación familiar a los inmigrantes incívicos. Pineda agregó, en la emisora COM Ràdio: "Tirar por el suelo unas motos no debe salir gratis. No digo expulsarlos, pero...".

La alcaldesa dijo que el grupo de menores que causó los disturbios, la mayoría marroquís, estuvo "manipulado" por dos delincuentes mayores de edad y reincidentes, uno de los cuales fue detenido el viernes.

39% DE INMIGRANTES En Salt, casi 30.000 vecinos (el 39%) son extranjeros. Hace un año, un grupo de vecinos autóctonos acusó al colectivo inmigrante de estar detrás del auge de los delitos en el municipio. A pesar de los enfrentamientos verbales y comentarios xenófobos en las calles, la cosa no fue a más.

La junta de portavoces municipales de Salt se reunió ayer para condenar unos hechos "muy graves", para ir "todos a una" en pos de la solución al problema y, sobre todo, para evitar una fractura en la convivencia.

Lo que no tienen tan claro los partidos de Salt es que sea oportuna la manifestación que pretenden hacer el viernes las asociaciones de vecinos y entidades del municipio. A los grupos municipales les preocupa que el acto, en lugar de calmar los ánimos, "agrave el problema".

Quien se mostró más crítico fue el portavoz de CiU, Jaume Torramadé, asegurando que además del refuerzo policial, que es transitorio, hacen falta medidas nuevas para solucionar el problema, porque las que se han tomado hasta ahora han demostrado ser ineficaces.