El polémico almacén de residuos nucleares, cuya construcción lleva pendiente desde el 2010, queda de nuevo en aire con la llegada al poder del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio para la Transición Ecológica envió a primeros de mes un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para solicitar a este organismo que deje en suspenso la emisión del informe preceptivo y necesario para autorizar la construcción del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC), pendiente de edificar en un pequeño municipio de Cuenca, Villar de Cañas (se encuentra a una hora de la capital de la provincia), entre otros motivos por la férrea oposición del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quiere culminar el diseño de su política energética antes de decidir si da vía libre al silo, que genera rechazo entre los colectivos ecologistas por el eventual peligro de albergar los desechos radiactivos de todas las centrales nucleares españolas en un solo espacio.
El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, remitió por tanto una carta al presidente del CSN, Fernando Martí Schafhausen, el 5 de julio. En la misma, el Gobierno argumenta que quiere «analizar con cierto detalle la situación», teniendo en cuenta los «nuevos factores» que pueden haber surgido desde que, en el 2014, el entonces Ministerio de Industria y Energía solicitase los informes preceptivos previos a la construcción del almacén, y por eso pide quede en suspenso la autorización.
Ribera, en su primera comparecencia ante el Congreso, ya avanzó la voluntad del Gobierno de cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años de vida útil, lo que supondría un apagón nuclear en el 2028. Pero reconoció que ciertas «obligaciones» vinculadas con este final podrían adelantar o postergar el cierre. Esas incertidumbres pesan también sobre el silo, ya que las necesidades de almacenaje no son iguales si se clausuran todas las centrales o algunas de ellas operan más allá de su vida útil. Por ello, el Ejecutivo está en fase de elaboración de un plan de energía y clima, así como de una ley contra el cambio climático, y ha solicitado la paralización del cementerio, a la espera de culminar el diseño de su política energética.
ANTECEDENTES / La decisión no supone un inconveniente a corto plazo porque las nucleares han construido almacenes dentro de sus instalaciones, dados los retrasos y problemas que acarrea el ATC desde hace años. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero ideó la convocatoria de un concurso, donde los municipios interesados en albergar una instalación que crea empleo pero genera rechazo social compitiesen entre sí. Si bien no tuvo tiempo de culminar la decisión y designar el elegido. Fue el PP el que, al llegar al poder, optó por Villar de Cañas, el cuarto municipio en la clasificación, fundamentalmente porque Dolores de Cospedal, entonces presidenta de Castilla-La Mancha, no se oponía, como sí hacían otros líderes autonómicos.
Y el CSN avaló en el 2015 el emplazamiento, pero algunos técnicos y una consultora externa pusieron en duda la idoneidad del suelo. Además, el actual presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, tras sustituir a Cospedal, inició una guerra contra el cementerio nuclear y declaró los terrenos espacio protegido, por lo que el silo precisa de una declaración de impacto ambiental que aún no tiene, así como de otros permisos, como licencia de explotación y plan de seguridad. El camino por recorrer, por tanto, aún es largo.
Nada más conocerse la decisión, García-Page y el Partido socialista regional se felicitaron por el freno a un almacén que, a su juicio, «nadie quería» y el PP «se empeñó» en llevar a Castilla-La Mancha. El presidente autonómico señaló que el proyecto se planteó de «manera torticera» y con «intereses, alguno espurio», de por medio. Del lado contrario, el portavoz popular de energía, Guillermo Mariscal, criticó que el Ejecutivo haya tomado la decisión «de tapadillo» -porque se informó de la misma después de que ayer El País adelantara la noticia- y aseveró que el PP pedirá explicaciones a la ministra.
LAS REACCIONES / Mientras, las principales organizaciones ecologistas celebraron la decisión y reclamaron un plan de residuos radiactivos conforme al cierre progresivo de las centrales. «El cementerio ni se puede ni se debe construir y menos con la cantidad de irregularidades que tenía encima. Lo más sensato es paralizarlo y evaluar si realmente es necesario o no», opina el jefe del área de energía de Greenpeace, José Luis García.
Paco Segura, de Ecologistas en Acción, añadió que el emplazamiento elegido era «pésimo desde el punto de vista geológico», lo que está generando «retrasos y un tremendo sobrecoste». «Habrá que ver cuántos residuos se van a producir para ver qué hacer con ellos», precisó.
