El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá ante los tribunales la decisión del Ejecutivo de la Región de Murcia de implantar el pin parental en sus centros educativos, una medida que ha exigido Vox para aprobar los presupuestos autonómicos.
«El pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. Por eso, el Ministerio de Educación recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno de la Región de Murcia. Seremos firmes», escribió Sánchez en su cuenta de la red social Twitter.
Ayer, el Ministerio de Educación y Formación Profesional advertía que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa «dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado» como el pin parental, según la ministra Isabel Celaá. Para Celaá esta medida defendida por Vox y organizaciones como Hazte Oír para que los padres autoricen la asistencia de sus hijos a clases con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual, «vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado».
También, según la ministra, vulnera «la competencia que tienen atribuida los centros para tomar decisiones curriculares», así como tratados internacional suscritos por España como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, enumera Educación.
palanca de la derecha / «No lo vamos a tolerar, y este Ministerio acudirá a los tribunales en defensa de los derechos de todos», advirtió Celaá en una declaración remitida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Celaá reacciona así a la decisión del Gobierno de la Región de Murcia de permitir el pin parental en sus centros educativos, una exigencia de Vox al Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los presupuestos autonómicos. Una situación que ya se produjo en Andalucía el año pasado, cuando PP y Cs aceptaron esta medida para que Vox aprobara los presupuestos de 2020, aunque todavía no se ha desarrollado. «Las instrucciones que la Región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos de su comunidad vulneran claramente las competencias que tienen estos atribuidas por ley para tomar sus decisiones curriculares», denunció Celaá.
El Ministerio de Educación considera la medida una «imposición» a los centros educativos «contraria a la Ley Orgánica de Educación […] y a la Ley Contra la Violencia de Género». Para la ministra, «el pin parental o la pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una determinada actividad no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta», algo que «no es aplicable al terreno de la educación» según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987, dijo Celaá.
