La crítica situación en la que se ha quedado el sistema sanitario español tras el arrollador paso del covid-19 ha encendido todas las alarmas. Serán necesarios al menos 25.000 millones de euros para revertir las maltrechas condiciones de trabajo actuales de médicos y enfermeras, clamó ayer el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, en una comparecencia en la comisión para la reconstrucción social y económica que se ha creado en el Congreso de los Diputados.

La petición forma parte de un paquete de medidas urgentes suscritas por el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria y el Colegio de Enfermeras de Barcelona, que reivindican un pacto nacional para reformar el sistema de salud. «Solo un pacto mayoritario de todas las fuerzas políticas, en el Estado y en Catalunya, puede garantizar que la salud de las personas sea una prioridad real», avisó Padrós.

En el supuesto de que los políticos no hagan caso, «la alternativa es un desastre» que podría llegar a traducirse en una rebelión de batas blancas, y demostraría una «gran miopía» de los responsables de salud de los dos gobiernos, alertó el presidente colegial de los médicos barceloneses. Los impulsores de este consenso, que el jueves también se entrevistaron con la ‘consellera’ de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, basan sus propuestas de cambio en las lecciones aprendidas durante la emergencia sanitaria.

PRIMERO, LAS PERSONAS / El sistema de salud público necesita recursos, unos 25.000 millones de euros adicionales en el conjunto del Estado, y la mayoría (60 %) de los mismos se debería destinar a mejorar las condiciones laborales de los profesionales y a la dotación suficiente de recursos humanos. El resto (40 %) sería necesario dedicarlo a infraestructuras, equipamientos y tecnología, con especial atención al avance de la telemedicina, han considerado los intervinientes.

Estas cifras están extraídas del estudio La enfermedad de la sanidad catalana: financiación y gobernanza, elaborado por el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra Guillem López-Casasnovas, y presentado en enero de este mismo año.

Padrós insistió en su intervención en el Congreso que en estos momentos la situación es preocupante y advirtió de que el personal sanitario no está en condiciones de aguantar una segunda oleada si no se toman decisiones.

Serían decisiones a corto, medio y largo plazo, insistió el presidente del COMB, quien avisó de que una parte de los profesionales del sector empiezan a recibir «críticas» por la actividad «no covid» que quedó postergada por la epidemia y que hay que poner en marcha. Por eso, dijo, no se pueden «volver a utilizar la sanidad, las listas de espera porque todo esto se ha volatizado, de tal manera que no es posible sin que haya una rebelión de batas blancas que se ponga mas presion en el sistema».

«El sistema que tenemos fue ideado para una población de la década de los 80 y la población del 2020 no tiene nada que ver con ella», argumentó Padrós para justificar su reclamación de reforma. El sistema se ha centrado en los hospitales y ahora tiene que estar más enfocado, a su juicio, en la atención primaria, con lo que hacen falta cambios estructurales.

Entre ellos la transformación de los modelos de organización para hacerlos más flexibles, y reforzar la inversión en sanidad y planificar los recursos dentro de este pacto de Estado de forma plurianual e incluso de una década, no en el marco de los presupuestos generales de cada año. Para esta transformación y para luchar contra la «obsolescencia» de los equipamientos del sistema sanitario harían falta, según sus estimación, una inversión de 20.000 o 25.000 millones.