El 25 de abril de 1986, hoy hace 25 años, se promulgó en España la ley general de sanidad (LGS), el mecanismo que reordenó el obsoleto y precario sistema sanitario que existía en el país. Ahora la mayoría de expertos ven aquella norma como la pieza esencial para consolidar el Estado del bienestar.

Tres fueron los pilares en que se sostuvo el texto legal. El primero estableció la universalidad del servicio: todos los ciudadanos tienen derecho a recibir tratamiento y visita médica y no solo los que cotizan en la Seguridad Social. El segundo reforzó la cohesión estructural a través del Sistema Nacional de Salud, coordinador de las distintas redes asistenciales que habían funcionado de forma inconexa. Y el tercero impulsó una descentralización que permitió a las autonomías organizar y desarrollar servicios sanitarios públicos. En paralelo, la ley estableció que la sanidad pública se financiaba con los impuestos generales y no desde la Seguridad Social.

GESTACION COMPLICADA Como ya sucediera con la Constitución de 1978, tan aplaudida ahora por sectores que la denostaron, la ley general de sanidad tuvo una gestación complicada. Su principal impulsor, el socialista Ernest Lluch --ministro de Sanidad entre 1982 y 1986, asesinado por ETA en el 2000-- pasó años dialogando con todos los sectores y grupos políticos para lograr, según dijo, una normativa "compleja pero no conflictiva" que rompiera con una división "tajante" entre el sector público y el privado y estableciera la asistencia universal.

En la votación definitiva en el Congreso, el PSOE logró el apoyo del PNV y CiU después de aceptar enmiendas que daban más competencias a los gobiernos autonómicos. Alianza Popular (actual PP) votó en contra argumentando que era una "ley continuista" porque no daba a los ciudadanos "el derecho para elección de su médico, de su hospital y de su especialista".

Como recuerda Ramon Espasa, consejero catalán de Sanidad entre diciembre de 1977 y abril de 1980, "la LGS fue la importación para toda España de principios y propuestas que la Conselleria de Sanitat del Gobierno de Tarradellas había hecho para Cataluña", que logró competencias en esta materia a principios de los 80, antes de la LGS. El resto de autonomías empezaron a reclamarlas en 1991, proceso que culminó en el 2004 con Madrid.

"Cataluña --prosigue Espasa-- abría caminos y se convertía en hegemónica en la ampliación de los derechos sociales. La propuesta del mapa sanitario era mucho más que una simple territorialización de centros hospitalarios y de atención primaria. Implicaba una concepción universal, integral y pública de la protección de la salud para asegurar, con igualdad exquisita, el derecho de todos a la asistencia". Aunque Espasa lamenta que "las dotaciones económicas para el sistema de salud han sido escasas". "Continuamos con un gasto por cápita bastante inferior a la media de la zona euro", dice.