Los gobiernos autonómicos españoles, coordinados por el Ministerio de Sanidad, adquirieron en verano 37 millones de dosis de vacunas contra el virus de la gripe A de las que solo se utilizarán nueve. Con ellos se prevé vacunar a los colectivos incluidos en los grupos de riesgo --enfermos crónicos--, y al personal sanitario o estratégico, siempre que lo decidan. Los 26 millones sobrantes, más las vacunas que desestimen los citados grupos, constituyen en estos momentos un enorme capital farmacológico al que o se da un destino inmediato o habrá que desechar. Los virus gripales cambian constantemente y no podrían ser utilizadas en el invierno del 2011.

De ahí que, aún de forma oficiosa, las autoridades sanitarias estén buscando una salida digna para tan enorme partida de vacunas. La ampliación de los grupos de riesgo, de forma que el fármaco se ofrezca a los familiares y cuidadores de enfermos trasplantados, inmunodeprimidos, o afectados por dolencias muy graves, es una de las ideas que proponen algunos asesores. Cualquier decisión se adoptará entre todas las CCAA en el Consejo Interterritorial de Salud que coordina el Ministerio de Sanidad.