Los mossos d’esquadra acusados de la muerte de Juan Andrés Benítez en el Raval tras una violenta reducción policial han aceptado este lunes la propuesta de la fiscalía y las acusaciones, tanto la particular como la popular, de declararse culpables de un delito de homicidio por imprudencia y han asumido una pena de menos de dos años de prisión, que, en principio, evitaría su ingreso en la cárcel y el pago de una indemnización de 150.000 euros.
En el acuerdo también se prevé que los agentes dejen de patrullar por Ciutat Vella, donde estaban destinados el 5 de octubre del 2013, cuando ocurrieron los hechos, que asistan a un curso de formación contra la violencia. Las negociaciones han provocado que se retrasara la elección del jurado popular que debía dictar el veredicto y que, tras el acuerdo, no ha llegado a constituirse.
LA ACUSACIÓN POPULAR CONTINÚA
En plenas negociaciones, el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha notificado a las defensas y acusaciones que desestimaba los recursos presentados por los abogados de los mossos d’esquadra y decidía mantener en el seno del proceso judicial a la acusación popular, ejercida por la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, la única parte que hasta este lunes se oponía al preacuerdo al que habían llegado la fiscalía, la acusación particular, en nombre de la familia de la víctima, y los agentes acusados. Su posición ha variado este lunes con la nueva propuesta.
El auto del TSJC señala que el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal invocado por la fiscalía, acusación particular y defensa para expulsar del proceso a la asociación de defensa de los derechos humanos no es aplicable y destaca que hay casos en que los hechos que dan lugar a procesos penales “frecuentemente” provocan ofensa de más bienes jurídicos que los directamente relacionados con los subjetivos de las víctimas.
El auto reseña que la evolución de la normativa protectora de las víctimas está “en la línea de aumento de sus derechos y del concepto de víctima, pero no se advierte que tal incremento atribuya derecho a objetar el ejercicio de la acción legítima de otras personas”-.
En su escrito de acusación provisional, la fiscalía reclamaba hasta 11 años de prisión para seis mossos y una pena menor para otros dos por obstrucción a la justicia. Y estimaba que la actuación policial fue "desproporcionada".
