El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer que más de 18.000 familias han solicitado ya la ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción de un hijo cuando apenas han transcurrido ocho días desde que se abrió el plazo para hacerlo. Caldera precisó que esta elevada cifra representa "casi el cien por cien" de los niños nacidos en España desde el pasado 3 de julio, fecha que marca el inicio de la aplicación de la medida. La ayuda, no obstante, no se cobrará hasta finales de año.

El ministro aprovechó su comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados para sacar pecho y proclamar la "excelente acogida" que ha tenido la iniciativa del Gobierno, que sitúa a España "a la cabeza de Europa en ayudas directas a las familias". Mas de un diputado de la oposición sonrió al escuchar lo de la buena acogida, consciente de que iba a ser tarea complicada hincarle el diente a una medida que se defiende por sí sola. De ahí que la mayoría de portavoces optaran por criticar el "electoralismo" del Gobierno y su "falta de respeto" por el Parlamento, las competencias autonómicas y la necesaria progresividad de la ayudas.

Muchos de ellos también pidieron que se extiendan las pagas a los nacidos a partir del 1 de enero del 2007, de modo que coincida con el año fiscal.

DIFICIL NEGATIVA El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, reconoció que "es muy difícil decir que no" a una medida tan "populista", y denunció que se trata de "subvenciones" que invaden las competencias exclusivas de las autonomías sobre asistencia social y familiar.

En esa misma línea se pronunció la representante de ERC, Georgina Oliva, quien se quejó de que las ayudas pecan de "electoralismo" y "vulneran el Estatut". Pese a ello, anunció que su partido propondrá un "corrector" para que reciban más ayudas los que ganan menos, de forma que se eleven hasta los 3.500 euros para las rentas inferiores a 50.000 euros. Algo similar sugirió Joan Herrera, de IU-IC, tras censurar que el pago sea "lineal" e igual para todos.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, decidió, por su parte, oponerse a este corrector y afirmó que "la sociedad no entendería que el Parlamento no aprobase las ayudas y que no fueran universales".