La Iglesia católica critica todos y cada uno de los proyectos legislativos del Gobierno. Mantiene siete contenciosos: el matrimonio homosexual, el divorcio, la eutanasia, el aborto, la investigación con células madre, la clase de Religión y la financiación estatal.
Eutanasia y aborto
La Iglesia rechaza de plano la eutanasia, relanzada por la película de Alejandro Amenábar Mar adentro . Aunque el Gobierno simplemente ha abierto el debate, la jerarquía católica ha salido al paso con una campaña advirtiendo de que se trata de un homicidio y que cualquier tipo "es inmoral y antisocial".
La investigación con células madre, frenada por el PP, ha sido considerada una clara agresión a la vida, con el argumento de que el fin terapéutico no justifica la destrucción de embriones que son seres humanos. Sin embargo, han reservado su artillería más pesada contra la anunciada reforma de la ley de interrupción del embarazo para posibilitarlo en las 12 primeras semanas sin necesidad de especificar supuesto.
´Divorcio exprés´
La agilización de los trámites de divorcio, que posibilitaría disolver un matrimonio en 10 días, es considerada por los obispos como "un nuevo atentado legal contra el matrimonio, la familia, y las hijos". La Iglesia está convencida de que el matrimonio tradicional es "el único verdadero".
Con todo, la Iglesia tiene asumido el divorcio. Donde pone el grito en el cielo es contra el matrimonio homosexual. "Es una aberración. No es justo que dos personas del mismo sexo pretendan casarse", dice un reciente documento del comité ejecutivo del episcopado. Y añade: "Sería como fabricar moneda falsa, devaluar la verdadera y poner en peligro todo el sistema económico".
´El impuesto religioso´
La aportación de los contribuyentes que destinan el 0,5% de su cuota del IRPF sólo cubre dos terceras partes de las necesidades económicas de la Iglesia. El resto, hasta unos 140 millones de euros, lo financian los Presupuestos Generales. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ya advirtió de que la financiación de la Iglesia por el Estado "tendrá que acabar algún día". La Iglesia aceptaría la supresión del complemento, siempre que se suba del 0,5% al 0,8% el porcentaje del IRPF.
La Iglesia se comprometió a autofinanciarse con el llamado impuesto religioso en 1987. El plazo concluye en el 2005. El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Alvaro Cuesta, ha propuesto cambiarlo por un sistema similar al alemán donde el contribuyente dona todo lo que desee en el IRPF y el Estado recauda. El Episcopado estudia esta fórmula, que según los socialistas no vulneraría los acuerdos Iglesia-Estado y perseguiría el objetivo de la autofinanciación. Pero el Estado realiza una aportación global (salarios de profesores de religión, subvenciones a centros) de unos 3.500 millones de euros, que no se llegaría a cubrir.
