Los sindicatos y la patronal de Loterías miran al futuro cercano de forma apocalíptica. "Es el fin", dicen, refiriéndose a ellos mismos como vendedores de décimos y al modelo de juego público existente hasta ahora, basado en pequeñas empresas, familiares, que disfrutan de una concesión administrativa. Las culpables, continúan, son dos disposiciones adicionales de la ley de presupuestos generales, la 32 y 34, pero sobre todo esta última, que ordenan que a partir del 1 de enero del próximo año la comercialización del juego público pase a regirse por las normas de derecho privado. Es decir: de un sistema basado en concesiones se pasará a otro basado en los contratos mercantiles, privados.

LO QUE DICE LA LEY El primer punto de la disposición adicional 34 de la ley de presupuestos dice así: "La entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado comercializa sus productos directamente, o mediante los puntos de venta y delegaciones comerciales que conforman su red comercial externa, los cuales, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, con respecto a los principios de publicidad y concurrencia, estarán sometidos en su selección, contratación, extinción y régimen jurídico, así como en su vinculación con la mencionada entidad, al derecho privado".

Y Manuel Izquierdo, presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Lotería (ANAPAL), una patronal que en este conflicto va de la mano de UGT y CCOO, lo interpreta así: "Tú imagínate que gasolineras, supermercados y otros establecimientos tengan máquinas desde donde se pueda comprar Lotería. Todo cambiará. No habrá ningún control: no se podrá evitar que jueguen, por ejemplo, menores y ludópatas".

La disposición normativa, en trámite parlamentario, otorga a los actuales titulares de los puntos de venta un plazo de dos años para que elijan si quieren regirse por el sistema actual, de concesión administrativa, o por el nuevo. Si escogen el primero, seguirán como hasta ahora. Solo que, de acuerdo con el secretario sectorial del juego de UGT, Miguel Angel Rodríguez, nada será igual: "Competir con las multinacionales del juego es muy complicado--sostiene--. Se están poniendo en peligro los 12.000 puestos de trabajo de las administraciones de loterías. Y todo para cambiar unos juegos del Estado que son líderes en Europa".

LAS POSTURAS La patronal y los sindicatos, en todo caso, no se oponen a cualquier reconversión, pero creen que esta debería venir precedida de una ley de juegos públicos, al igual que ocurrió con otros monopolios del Estado como los hidrocarburos y el tabaco. Si la normativa prospera, cosa que creen, organizarán manifestaciones. No descartan la huelga.