El Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva el proyecto de ley orgánica de calidad educativa (LOCE), que reformará el sistema de enseñanza hasta los 18 años. La nueva norma, que entrará en vigor a comienzos de año tras su publicación en el BOE, modificará la ley general de ordenación del sistema educativo (Logse), de 1989, e introducirá cambios pedagógicos y organizativos en los centros de enseñanza.

El articulado sale adelante con el voto a favor del PP y Coalición Canaria y el rechazo del resto de los grupos. Ha incorporado 136 enmiendas del Congreso de los Diputados y 80 del Senado, la mayoría de carácter técnico.

Esta tercera reforma completa la general proyectada para esta legislatura por el PP (tras la ley de Universidades y la de FP). Incluye nuevas medidas como el restablecimiento de la reválida al terminar el Bachillerato, la supresión de la promoción automática de curso, la separación en "itinerarios" de los alumnos de la ESO a partir de los 14 años y la gratuidad de la educación infantil.

El periodo de aplicación plena será de cinco años. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, anunció que su primer desarrollo en el 2003 será el calendario de aplicación. La eliminación de la promoción automática y el retorno a la repetición de cursos será una de las primeras medidas.

El portavoz del PP, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, y Del Castillo, consideraron que han cumplido con la ley su promesa electoral con el objetivo de reducir el fracaso escolar y elevar el nivel de conocimientos de los alumnos.

La portavoz del PSOE, Carme Chacón, criticó al PP por haber desoído el llamamiento de la sociedad y de los grupos políticos de la oposición para que diera marcha atrás en al reforma. Los socialistas creen que la LOCE provocará la "exclusión" de los alumnos con más dificultades, "alejará a los padres" de la escuela y desincentivará la labor docente.

Chacón también denunció la falta de sostén financiero para una ley que, en su opinión "privilegia" a la escuela privada y margina con "obscenidad" a la pública. La diputada socialista reafirmó el propósito de su partido de cambiar la ley en cuanto llegue de nuevo al Gobierno.

AL CONSTITUCIONAL

En nombre de CiU, Ignasi Guardans indicó que "tristemente" desembarca en la realidad social un texto que su coalición hubiera deseado que no viera nunca la luz. "Hoy es un día triste para la educación en España", sentenció, "porque la ley sale adelante con la oposición de toda la Cámara salvo el PP y Coalición Canaria y muchos millones de españoles".

Para los nacionalistas catalanes, la reforma "desprecia" las competencias de las comunidades autónomas. Están convencidos de que el Constitucional atenderá la impugnación que presentará su partido. No obstante, Guardans dejo claro que la Generalitat será respetuosa con la aplicación de la norma y en ningún caso se plantea "desobediencia" alguna, como se ha especulado.

Francisco Rodríguez, del BNG, denunció que el Parlamento ha dado el espaldarazo definitivo a "la ley educativa más grave" que ha aprobado el PP, por sus consecuencias para la enseñanza .

Varios sindicatos y asociaciones de padres y de estudiantes anunciaron que volverán a llevar a cabo acciones de protesta, como las realizadas a lo largo del 2002, según se produzca el desarrollo reglamentario de la norma.