La situación de los Derechos Humanos en una docena de países del mundo árabe se ha deteriorado seriamente a lo largo de los últimos doce meses, según un informe publicado por el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Instituto de El Cairo, que denuncia que varios de los Gobiernos de los países mencionados han bloqueado los mecanismos de protección de instituciones supranacionales como la Liga Arabe, cuya labor como teórico garante de la protección de las personas queda seriamente en entredicho según las conclusiones del documento.
El informe, titulado "Bastión de Impunidad, Espejismo de Reforma", denuncia casos de tortura, asesinatos extrajudiciales, y detenciones ilegales en Egipto, Tunez, Argelia, Marruecos, Sudán, Líbano, Siria, los territorios palestinos, Irak, Arabia Saudí, Bahrein y Yemen. Se critica igualmente que los "limitados" avances registrados en estos lugares en el ámbito de igualdad de género no son nada más que una maniobra para aparentar una falsa imagen de desarrollo ante la comunidad internacional mientras "simultáneamente evaden las medidas de reforma democrática necesarias para asegurar la diginidad y la igualdad entre todos sus ciudadanos".
Casos particulares
De entre todos los casos, el instituto de El Cairo lamenta especialmente la situación de Sudán, cuyo régimen exhibe un "flagrante desprecio" a la justicia con "ejemplar impunidad", persiguiendo a todos aquellos que instan al presidente Omar Al Bashir a que responda por los crímenes de guerra cometidos durante su mandato. El Gobierno "sigue castigando a la población de Darfur" y evade responsabilidades a la hora de aplicar el Acuerdo de Paz Integral alcanzado con las fuerzas rebeldes. Todos estos factores, advierte el informe, amenazan con arrastrar de nuevo al país a la guerra civil.
Sobre la situación en Gaza, el informe critica tanto las "graves" violaciones de DDHH cometidas por Israel como la intensa lucha entre los dos grupos políticos que se reparten los territorios palestinos, Hamás y Al Fatá, que no ha hecho más que exacerbar la ya de por sí dramática situación de la población civil. Ambos grupos son responsables de "graves abusos contra sus oponentes, entre ellos asesinatos extrajudiciales, uso letal de la tortura y detenciones arbitrarias".
Se acusa igualmente al Gobierno de Tel Aviv de "castigar colectivamente" a los gazacíes con la "brutal" invasión de la Franja a principios de este año, que se cobró la vida de más de 1.400 palestinos, 83 por ciento de ellos civiles. En Yemen, el grupo presagia el "colapso" de "lo que queda" del Gobierno central, al que acusa de haber monopolizado la riqueza del país. "La corrupción ahí es salvaje", apunta el informe, que denuncia la falta de voluntad política del Gobierno para solucionar los conflictos abiertos en el norte y en el sur del país. De igual modo, el informe advierte de que "la prensa independiente y los activistas pro Derechos Humanos son objeto de una represión cada vez más dura".
El informe cita los casos de Siria y Egipto, países que se encuentran desde hace décadas bajo una ley de emergencia que concede a sus respectivos aparatos de seguridad una "amplia impunidad" para reprimir a sus críticos. En el caso particular de Egipto, el informe advierte de "comportamientos cada vez más teocráticos" en la Policía a la hora de limitar la libertad de expresión religiosa, una actitud que ha dado lugar a "una expansión sin precedentes de la violencia sectaria en el país".
La situación es aún más grave en el caso del Gobierno de Damasco, incólumne tras 47 años de ley marcial ininterrumpida que suspende de manera efectiva los derechos constitucionales de la población. "La minoría kurda es objeto de una discriminación institucionalizada", denuncia el grupo. "El país se sigue distinguiendo por su prestancia a la hora de destruir la más mínima oposición política o cualquier manifestación por la libertad de expresión", critica el informe.
En el caso de Marruecos, el grupo detecta "una erosión tangible de los Derechos Humanos durante la última década", una situación que puede verse claramente en el "fracaso" del Gobierno de Rabat a la hora de reformar los sectores de seguridad y judiciales. Si bien se reconocen los intentos para desarrollar las libertades personales, el grupo constata "la intolerancia" exhibida particularmente "contra aquellas expresiones que se refieren al monarca o a la Familia Real". De igual modo, lamenta la represión exhibida contra los activistas saharauis que defienden la autodeterminación del Sáhara Occidental, quienes han sido detenidos y llevados, por primera vez en 14 años, ante tribunales militares. COMPLICIDAD SUPRANACIONAL
El informe denuncia que varios Gobiernos árabes y miembros de la Organización de la Conferencia islámica "han colaborado en el seno de las instituciones de Naciones Unidas" para "obstaculizar los mecanismos internacionales para la protección de los Derechos Humanos".
Concretamente, se han ocupado de sabotear todos los intentos de la ONU para condenar el deterioro de la situación humanitaria en los países mencionados, bien desprestigiando a los expertos independientes de Naciones Unidas y ONG presentes en estos países, o bien "legalizando restricciones sobre la libertad de expresión" cuando ésta "difama" su religión.
El informe condena el respaldo que ha concedido la Liga Arabe al régimen de Al Bashir en Sudán, a pesar de la citación ante el Tribunal Penal Internacional que pesa sobre el mandatario africano. Los países miembros guardan silencio sobre esta situación empleando como excusa "el principio de soberanía nacional" que le impide inmiscuirse en la política de un país miembro.
"No hay que depositar esperanzas en la capacidad de la Liga Arabe para proteger los Derechos Humanos en la región", advierte el grupo, que denuncia la contaminación existente en sus "comisiones independientes" encargadas de supervisar el desarrollo de los Derechos Humanos pero que en realidad están parcialmente compuestas de funcionarios de los respectivos estados miembros. "Hasta el propio secretariado de la Liga Arabe ha comenzado a bloquear intencionalmente su capacidad para emprender una acción independiente, a pesar de que la misma carta de creación de la Liga impone unas severas restricciones en este sentido", concluye el grupo.
