Sólo una de cada tres mujeres que se siente amenazada por su compañero logra que el juez dicte una orden de alejamiento para que el agresor no se acerque a ella. Además, en la mayoría la iniciativa es del abogado o del fiscal, quienes sin embargo no siempre acompañan a la víctima durante la comparecencia ante el juez. Y éste, por propia iniciativa, en pocas ocasiones dicta una medida cautelar, aunque por ley está capacitado para hacerlo.
Así consta en un informe elaborado por el Observatorio de la Violencia Doméstica, un organismo que pertenece al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuya presidenta es la vocal progresista Montserrat Comas. "El estudio tiene como objetivo estudiar los casos y averiguar en qué falla el poder judicial. Por ejemplo, resulta preocupante el hecho de que los jueces no dicten de oficio medidas cautelares", explicó tras inaugurar un congreso sobre violencia doméstica.
El informe del CGPJ --que no sólo contabiliza la violencia contra las mujeres sino toda la que se produce en el hogar-- destaca que en el 32% de los fallecimientos ocurridos en el primer trimestre del 2003, la víctima había denunciado su calvario con anterioridad. La cifra es similar a la de años anteriores.
Cuando esto se debatía, la violencia doméstica se cobraba una nueva víctima, la número 43 en lo que va del 2003. M. V. C. G., de 35 años, murió en Ceuta tras recibir cuatro puñaladas de su marido, J. L. E. M., de 39 años.
