La decisión de cerrar Garoña en el 2013 la tomó el presidente del Gobierno el pasado lunes, convencido de que con ella cumplía el programa del partido, que prevé la progresiva eliminación de la energía nuclear, al tiempo que apaciguaba al lobi energético en un momento de crisis.

Este todopoderoso sector, con las eléctricas a la cabeza, ha tocado a rebato desde que el Consejo de Seguridad Nuclear abrió la puerta a la prórroga de 10 años. Sin embargo, en el Gobierno únicamente el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha secundado sus posiciones y con un éxito relativo. Contra lo que pudiera parecer, ni la cúpula del PSOE ni el núcleo duro del Gobierno están divididos en el debate sobre la energía nuclear.

La nueva generación que ocupa los cargos más relevantes de la Ejecutiva socialista se muestra desacomplejadamente antinuclear, al igual que lo son Zapatero (a los ecologistas les confesó que era el más antinuclear de su Ejecutivo) y la vicepresidenta De la Vega. Los pronucleares, encabezados por Felipe González, son en su gran mayoría coetáneos del expresidente. Ostentan también la condición de ex y apenas tienen influencia en las decisiones de Zapatero. Son los casos de Joaquín Almunia, Carlos Solchaga y Javier Solana, a los que habría que añadir el más joven, Jordi Sevilla.