La organización SOS Racismo ha denunciado hoy un aumento en España del racismo social y de las actuaciones policiales y de abuso de autoridad, al tiempo que han solicitado que se garantice el acceso a la sanidad pública y universal para todos los ciudadanos residentes en España.
En su informe anual 2013 sobre el racismo en el Estado español, que contiene datos relativos al año 2012, esta organización recoge una tendencia creciente a rechazar el fenómeno migratorio, por lo que solicitan una Ley de Igualdad al considerar que el "racismo social" va en aumento con actuaciones discriminatorias en el acceso a los servicios y a locales públicos, lo que supone un 32,4 % de las denuncias recogidas en sus oficinas.
En relación a la sanidad, el informe revela las consecuencias del "recorte de los derechos sanitarios de los inmigrantes irregulares" y solicitan que las diversas administraciones e instituciones realicen una "declaración institucional" en la que se establezca la atención sanitaria como un "derecho fundamental universal" para todos los ciudadanos al margen de su situación administrativa de residencia.
SOS Racismo destaca la "absoluta dispersión" en materia sanitaria en función de las medidas adoptadas por cada comunidad autónoma, ya que mientras algunas autonomías aplican el decreto del Gobierno "en toda su extensión (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana)" otras fijan "periodos previos de estancia de empadronamiento (Aragón, Cataluña, País Vasco, Galicia y Canarias)".
Por el contrario, Andalucía, Asturias y Navarra no aplican el decreto sobre la sanidad, y destacan que esta última comunidad es el caso idóneo al garantizar el derecho universal a la asistencia sanitaria al margen de la situación administrativa.
En la presentación del informe Mikel Mazkiaran, secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo, ha exigido al Gobierno que se recojan estadísticas relacionadas con los "delitos de odio" ya que, según ha dicho, España es uno de los pocos países de la UE en la que no hay datos sobre este tipo de delitos.
En relación a las actuaciones policiales y abusos de autoridad, Mazkiaran ha comentado que cuando se produce un abuso por la policía en una detención hay gran dificultad para acreditar que ha habido desproporción en el uso de la fuerza, de manera que es "estrategia habitual" por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "formular una denuncia por atentado a la autoridad", de manera que "el denunciante se convierte en denunciado".
Asimismo, SOS Racismo solicita al Ejecutivo que se cree una comisión de investigación en el Parlamento para esclarecer lo ocurrido en noviembre de 2012 con la colisión de una patera y una patrullera en Lanzarote y ha recordado que la Federación Estatal de SOS Racismo está personada en las diligencias penales abiertas.
Mazkiaran ha desgranado el informe y se ha referido al panorama político europeo en materia de inmigración y señala un "discurso de odio que va calando de manera penetrante en la cada vez más frágil capa de los valores democráticos".
En referencia a la política de extranjería española, SOS Racismo ha detectado una tendencia descendente en el número de extranjeros, al tiempo que subrayan las consecuencias de la "externacionalización de fronteras" con un aumento de las personas muertas o desaparecidas cuando intentaban llegar a España.
El secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo ha destacado los casos de las expulsiones de Isla de Tierra cuando 73 inmigrantes fueron entregados a Marruecos, así como la colisión entre una patera y una patrullera en Lanzarote.
Al respecto, ha denunciado que sigue parado el proceso de aprobación del anteproyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento de los centros de estancia controlada de extranjeros.
En este sentido, ha recordado la muerte de una inmigrantes en un centro de internamiento de Madrid en diciembre de 2011 por falta de asistencia médica y el fallecimiento de otro ciudadano guineano en un centro de Cataluña en 2012.
La política de integración española se caracteriza, según el informe, por un "vaciamiento absoluto de las partidas presupuestarias destinadas a esta materia", mientras que los estudios de opinión reflejan cada vez un "mayor rechazo" a los inmigrantes y en particular a la comunidad musulmana.
También se empieza a apreciar un "aumento del discurso identitario" de manera que los inmigrantes deben adaptarse de forma "pura y dura" a las costumbres y cultura española.
