El MD-82 que se estrelló en Madrid el pasado día 20 estuvo en un tris de ser aparcado en Barajas y sustituido por otro avión cuando el piloto detectó una anomalía y se dirigió a las naves de mantenimiento. Ese momento de duda que hubiera cambiado el destino de 172 personas y sus familiares lo relató ayer la ministra de Fomento durante su comparecencia en la comisión homóloga del Congreso para dar cuenta del siniestro. Spanair comunicó a la torre de control "la posibilidad de sustituir la aeronave por otra de matrícula EC-HFS, aunque, finalmente, decidió continuar con la misma", explicó Magdalena Alvarez.

Las investigaciones de la Guardia Civil ya habían adelantado que, mientras se revisaba la avería, el aeropuerto envió dos autobuses jardinera hasta el avión por si finalmente se efectuaba el cambio. Algunos supervivientes declararon que el comandante también se había referido a esa posibilidad.

AVIONES DE REPUESTO Tras conocer la explicación de Alvarez, Spanair se puso en contacto con los medios de comunicación para precisar que "la compañía evalúa siempre si hay aviones de repuesto" y se negó a dar más precisiones sobre el caso concreto por estar sometido a "la reserva de la investigación". La versión de la compañía aérea y de los técnicos que consta en el atestado policial es que la avería era de poca importancia, "se aisló" y se dio el visto bueno para volar.

La ministra avanzó también que solo cinco días antes, el 15 de agosto, Spanair había sometido al aparato a un revisión general en la que no se detectó anomalía alguna. Estas revisiones se llevan a cabo cada dos semanas y suelen durar entre dos y cuatro horas.

VISITAS SORPRESA En cuanto a las inspecciones, la última la llevó a cabo el ministerio el 17 de julio. Se trató de una de las visitas aleatorias que se realizan por sorpresa, y los empleados de Aviación Civil solo detectaron "una discrepancia que no afectaba a la seguridad". Otra inspección anterior, más a fondo, llevada a cabo el 11 de julio, no halló problema alguno. En total, la flota de Spanair ha recibido en lo que va de año 300 inspecciones de la Administración española, más 26 de la UE. En estas revisiones no apareció "ningún motivo" para pensar que Spanair no cumplía con los requisitos de seguridad.

La ministra no quiso entrar en ningún momento en las posibles causas del siniestro, para "preservar la independencia de la comisión de investigación", y tampoco ningún grupo político se lo reclamó. Ante la ausencia de hipótesis plausibles y la falta de información, todos estuvieron de acuerdo en aplazar para más adelante el debate sobre si del accidente se derivan responsabilidades o cambios en el sistema de seguridad.

Este factor, sumado a la política de guante blanco implantada por el PP en esta legislatura, convirtió la sesión en una balsa de aceite impensable en cualquier comparecencia de Alvarez meses atrás.

Mariano Rajoy había dado instrucciones de no utilizar políticamente el accidente y la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría las cumplió a rajatabla. "No es el momento de discusiones, ni de imputar responsabilidades a nadie ni de acosar al Gobierno porque esto nos haría perder el objetivo de buscar la verdad", dijo al inicio de su intervención. Y lo mantuvo.

Ni siquiera se pusieron en tela de juicio los abundantes datos proporcionados por la ministra sobre la eficacia de las inspecciones ni la afirmación de que "la seguridad aérea es, como mínimo, tan buena en España" como en el resto de Europa. En cuanto a planes de futuro, Alvarez anunció su intención de promover una reforma de la ley de protección de datos para que en casos de emergencia se pueda acceder a la lista de pasajeros de los vuelos a fin de evitar una demora en la información a los familiares como la que se produjo el día 20.