El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de igualdad limando una de las aristas del primer borrador que más habían escocido a la patronal. Las empresas tendrán ocho años para alcanzar un 40% de mujeres en sus consejos de administración, en vez de los cuatro que contemplaba el texto inicial, y tampoco tendrán que subir esa cuota gradualmente cada año. Esta última obligación desaparece en un proyecto que mantiene casi un centenar de medidas destinadas a garantizar la equidad de trato entre hombres y mujeres en terreno laboral y en las listas electorales.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, explicó que la modificación se había introducido a petición del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y se mostró esperanzado en que gracias al cambio "se despejen algunas de las inquietudes" mostradas por los empresarios.

"REJON DE MUERTE" El mismo día de su primer paso por la mesa del Consejo de Ministros, el pasado 3 de marzo, la patronal CEOE calificó la norma de "rejón de muerte al diálogo social". Hay que tener en cuenta que los consejos de administración de las empresas del Ibex-35 sólo cuentan con un 3,3% de mujeres.

Las organizaciones feministas que empujaron al Gobierno a aprobar la norma no consideraron ayer que esta haya resultado afectada por el retoque final. Tanto Enriqueta Chicano (Federación de Mujeres Progresistas) como María Soleto (Fundación Mujeres) se felicitaron sobre todo porque al fin "la norma vaya a iniciar el trámite parlamentario para que el próximo año pueda entrar en vigor" y restaron importancia a los cambios.

Las organizaciones feministas y los sindicatos mayoritarios son más críticos con otros aspectos de la ley que esperan mejorar en el trámite parlamentario, como el permiso de paternidad o en la ley electoral. La norma amplía de 2 a 10 los días de permiso del padre tras el parto y las entidades sociales reclaman que se prolongue a un mes.

Respecto a las listas electorales, el proyecto del Gobierno establece que ningún sexo esté representado por debajo del 40%, pero fija una excepción de la obligación para los municipios de menos de 5.000 habitantes y pequeñas islas, con la que las feministas están en desacuerdo.

Caldera reiteró que uno de los ejes del plan son los denominados planes de igualdad que deberán desarrollar la empresas a través de la negociación colectiva.

Esta deberá fijar como se llevan a cabo el siguiente principios establecidos en la ley: cuando haya una desproporción en la presencia de mujeres, tanto en el empleo como en los puestos directivos, estas tendrán preferencia en los ascensos y en las contrataciones.