El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido hoy un estatuto jurídico específico que proteja a los policías que investigan casos de corrupción de "decisiones superiores arbitrarias".
Con motivo de la celebración de su décimo Congreso, el SUP ha aprobado una resolución en la que propone ese estatuto para que, además, se garantice "la no destitución de sus cargos" a los responsables de esas investigaciones.
Asimismo, el estatuto debería establecer, a juicio del SUP, el compromiso de "trasladar íntegramente la información, obtenida durante la investigación, a la autoridad judicial competente".
También aboga por una reforma legal para que en sumarios con indicios suficientes de enriquecimiento ilícito el juez pueda decretar la inversión de la carga de la prueba y, así, tendría que ser la parte acusada quien acredite la forma en que ha conseguido su enriquecimiento.
De no ser posible, añade la resolución, deberían incautársele todos sus bienes.
La Policía, dice el SUP, debe seguir cumpliendo la ley y denunciando, vía interna o a través de los sindicatos, los casos de corrupción, "actuando profesionalmente contra los corruptos, sean quienes sean".
En otro orden de cosas, y respecto a las actuaciones policiales, el SUP exige que se establezca "como obligación profesional el principio de mínima intervención" y se prohíban las órdenes que obliguen a identificar indiscriminadamente a la ciudadanía.
Por ello, el sindicato mayoritario de la Policía cree que los agentes solo deben actuar en ese sentido en el caso de que alguna persona resulte sospechosa de haber cometido o de que puede cometer un delito, "en coherencia con lo establecido por el Tribunal Supremo, o cuando les sea requerido intervenir por la ciudadanía".
Una vez más, el SUP propone la unificación de la Policía y la Guardia Civil, un plan de retribuciones justo y equitativo, modificaciones legales para impedir conflictos de competencias entre los cuerpos y reformas para evitar a una policía autonómica llevar a cabo investigaciones fuera de su territorio.
