Mientras el Tribunal Supremo español sigue enredado en la madeja del procés, su homólogo holandés ha dictado un sentencia histórica, de un alcance bien distinto. Ha ordenado al Gobierno a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los causantes de la crisis climática, un 25% a finales del próximo año respecto a los niveles de 1990. "El Gobierno debe proteger al ciudadano del deterioro del entorno, y la lucha contra el cambio climático es un asunto de interés general", argumentan los jueces en un veredicto que viene a ratificar dos sentencias de tribunales inferiores que no se habían podido ejecutar al haber sido recurridas por el Ejecutivo.
El mérito le corresponde en primer lugar a la oenegé ecologista Urgenda que comenzó una desigual batalla con el Estado en el 2013, al demandarle en un juzgado de Primera Instancia de La Haya por no hacer nada contra el cambio climático. Su primera victoria la cosechó en 2015. La apelación del Gobierno fue tumbada en segunda instancia en el 2018 y lo ha sido de modo definitivo ahora por el máximo órgano judicial.
DERECHOS HUMANOS
Durante todo el proceso, el Gobierno holandés argumentó que los tribunales debían respetar la separación de poderes sin interferir en política. Defendían que la protección del medio ambiente es competencia exclusiva del Parlamento y no de la Justicia.
La respuesta del Supremo ha sido contundente. "Con la Convención Europea de Derechos Humanos en la mano, esta corte ha comprobado que el Gobierno debe reducir el 25% de emisiones indicado como mínimo, porque los peligros del clima pueden afectar el derecho a la vida de los habitantes de este país", ha zanjado.
UNA GRAN TAREA
Si en vez de recurrir la primera sentencia, el Gobierno se hubiera puesto manos a la obra ahora no le sería tan dificil cumplirla. Los fuentes oficiales estiman que a finales del año actual la reducción de emisiones respecto al 1990 será del 14%. El salto que debe dar en solo doce meses será enorme. Su ministro de Economía y Clima, Eric Wiebes, ha intentado templar gaitas. "Afrontaremos una gran tarea e iremos paso a paso camino del 25%", ha declarado.
La nueva meta supondrá adelantar algunas decisiones previstas para más adelante. De hecho, el Pacto Nacional por el Clima que el Ejecutivo presentó el pasado junio se fija como objetivo una reducción de CO2 del 49% en el 2030 y del 95% en el 2050.
NO ERA UNA BROMA
Marjan Minnesma, la directora de Urgenda, que ha liderado todo el proceso, se ha mostrado muy satisfecha ha reprochado precisamente la actitud renuente del Ejecutivo. "Ya no hay vuelta atrás: el Gobierno pensó que todo esto era un broma y ahora tiene que lograr en un año lo que no ha hecho en 20", ha destacado tras conocer el fallo. También le ha marcado el camino, con numerosas ideas sobre como afrontar tan abrupta rebaja: "se puede cerrar un central térmica, acelerar el cierre de granjas de cerdos, apagar las luces al final de la jornada laboral, imponer tarifas al tráfico en las grandes ciudades o aumentar los presupuestos para el aislamiento térmico de las casas".
Hay otra medida que también citó Minnesma pero que el propio Gobierno ha tenido que adoptar a raiz de otra sentencia judicial. Holanda bajará la velocidad máxima de las autopistas y autovías de 130 km/h a 100 km/h a partir de febrero para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) después que la justicia estimara una demanda de otra oenegé, Mobilisation for the environment.
OTROS PAÍSES
El fallo no sienta jurisprudencia en ningún otro país fuera de Holanda pero puede estimular demandas similares en países renuentes a afrontar la reducción de emisiones. Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, lo califica de histórico, al tratarse "del primer caso de litigio climático en un país de la Unión Europea".
