El dragado del Guadalquivir podría tener los días contados, después de que el Tribunal Supremo haya vuelto a tumbar un proyecto con el que el Puerto de Sevilla pretende aumentar el calado del río para mejorar su competitividad, pero que tendría un gran impacto ambiental en Doñana. El alto tribunal subraya la especial protección del espacio de Doñana, y entiende que esas actuaciones propuestas para mejorar la funcionalidad del estuario del Guadalquivir, e incluidas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, no se justifican de forma suficiente. Desde WWF, impulsores del recurso, se felicitan por la decisión, pero reclaman al Ejecutivo que cancele definitivamente y por la vía administrativa una iniciativa que sigue con todos los permisos vigentes.
El proyecto del dragado se remonta a hace más de una década, cuando se planteó la posibilidad de incrementar el calado del Guadalquivir, navegable hasta Sevilla y aumentar los márgenes para permitir que grandes cruceros y mega cargueros puedan llegar hasta la capital andaluza. Enfrente encontraron a ecologistas, arroceros e incluso algunas administraciones, que ven en colisión dos intereses públicos: el de la actividad económica de la comarca y el de la protección de Doñana. El rio es una zona de enorme riqueza faunística, y al tocarlo se afecta a la fauna del Golfo de Cádiz, explica Juanjo Carmona, de WWF. El proyecto afecta también a la turbidez del agua, y el impacto de las olas en los márgenes provoca que las orillas acaben sucumbiendo ante el rio y desplazando el terreno. Se puede replicar un gran puerto en otra parte, pero no podemos replicar el río en ningún sitio, resume.
Incumple una sentencia anterior
En este sentido, la Unesco ha sido bastante clara, y en varias ocasiones, tras conocer los informes sobre el proyecto, se ha mostrado en contra, amenazando incluso con excluir al parque natural de la lista de Patrimonio Mundial. El estado español se comprometió de hecho a paralizar el proyecto, pero lo cierto es que tanto en el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2009-2015 como en el 2015-2021, el dragado estaba incluido. En ambos casos, el tribunal ha venido a decir lo mismo: no se justifican de manera suficiente las actuaciones debido a su impacto en Doñana, y además se apoya en una evaluación ambiental ya superada, dado que las condiciones del entorno han ido cambiando. La sentencia señala además que la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico incumple la Directiva Hábitats y la sentencia anterior de 2015. El plan recoge medidas imprecisas y no incluye el contraste necesario con los efectos y riesgos que el dragado representa para el ecosistema afectado, exponen los jueces.
El fallo, de 37 páginas y dictado este lunes, no lleva a la tranquilidad definitiva, porque apunta que la situación del estuario ha mejorado y permite la actuación del dragado en las condiciones legalmente establecidas. Es decir, si se hace una valoración más precisa e intensa del efecto, sus motivos, medidas paliativas, interés público superior y compensación de los beneficios medioambientales e imposibilidad de consecución por otros medios en relación con los concretos efectos negativos y riesgos para el ecosistema, el proyecto tendría que ser valorado de nuevo, y quien sabe si saldría adelante. Por este motivo, Carmona reclama que, aunque el Estado se ha comprometido formalmente a paralizar el dragado, le dé el cerrojazo definitivo. Después de 20 años, ya es hora de que el Ministerio declare la cancelación administrativa del proyecto de dragado del Guadalquivir, reclama.
