La resaca por los polémicos gin-tonics en la cafetería del Congreso, por apenas tres euros y medio, ha acabado en sonora rectificación. Diputados, funcionarios, periodistas y demás trabajadores podrán seguir tomando copas en la cafetería de la Carrera de San Jerónimo pero eso sí, a precio de calle.

"El gin-tonic tendrá el precio que al adjudicatario le parezca conveniente", ha zanjado el presidente del Congreso, Jesús Posada, después de anunciar que los destilados estarán excluidos de la lista de precios tasados y subvencionados en la contrata de restauración de la Cámara, aunque se seguirán vendiendo.

La presión política y mediática ha pesado, y mucho, en la decisión de Posada, que ha sido respaldada por unanimidad por la Mesa del Congreso, la misma que unas semanas antes había aprobado subvencionar esas mismas "bebidas espirituosas", como las ha llamado el propio presidente.

"Dije que me parecía que se sacaban las cosas de quicio, y lo sigo pensando, pero si hay que cambiar una cosa se cambia", ha reconocido Posada, que cree que este "maremoto" nace de la desafección que sienten los ciudadanos por los políticos.

De todos modos y a pesar de la polémica mediática y en las redes sociales, casi nadie toma copas en el Congreso y eso lo saben los que frecuentan sus cafeterías, ya sean diputados, periodistas o funcionarios.

Los propios camareros, algunos de los cuales llevan décadas trabajando en la Cámara y han servido cafés a mayorías parlamentarias de todo signo político, lo dicen por activa y por pasiva.

"Aquí apenas se toman copas", proclaman, aunque admiten que sí tiran al día bastantes cañas, que con el nuevo contrato de cafetería costarán 95 céntimos, bastante menos que en un bar cualquiera.

Esta "destilada" polémica, en cualquier caso, sólo ha durado unos días, los que ha tardado en echarse atrás la Mesa del Congreso tras comprobar el reproche mediático y recibir la queja formal de partidos como IU y ERC, que la semana pasada le pidieron que reconsiderara los precios de las bebidas fuertes, pues no veían justificable su subvención.

Tras dar a conocer esta rectificación, Jesús Posada ha insistido en subrayar que las cafeterías de la Cámara cumplen una labor "social", ya que no sólo las usan diputados, sino también funcionarios, trabajadores de los grupos parlamentarios, policías, periodistas y visitantes.

Ha destacado además que no es "fácil" encontrar candidatos para esta contrata de restauración, que presta un servicio "complejo" durante muchas horas al día y mantiene unos 60 puestos de trabajo.

La contrata que ahora presta este servicio pertenece a Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, quien ya vivió su propia polémica cuando la Fiscalía de Madrid abrió una investigación por supuestos pagos en negro a sus trabajadores.

El Congreso emitió un informe sobre el particular y no encontró irregularidad laboral alguna en la contrata que presta servicio en la Cámara.

En cualquier caso, el alcohol barato ya no será la primera preocupación de quien se quede con la nueva contrata, sino otras cuestiones como elaborar menús especiales para celíacos y diabéticos, como está estudiando ya la misma Mesa que hoy ha desterrado los gin-tonics de saldo.