El 27 de mayo, Obama anunció que dejaba en suspenso las perforaciones en alta mar en Alaska y en la costa del Atlántico que él mismo había aprobado un mes antes para desesperación de los ecologistas y como concesión para ganar apoyos para la reforma del sistema energético. Asimismo, impuso una moratoria a 33 nuevas exploraciones en las aguas del Golfo, de donde proceden el 30% del petróleo y el 13% del gas que se extraen en EEUU.
Fue una decisión que critica la industria y también algunos políticos de las zonas afectadas, incluyendo autoridades del golfo, donde las 33 plataformas darían trabajo muy remunerado a 7.000 personas y emplearían indirectamente a 30.000 más.
Otros alaban la decisión. Y aprovechan la crisis para pedir que, al menos, se endurezcan otras normas. Un grupo de congresistas, por ejemplo, promueve la idea de elevar el límite de sanciones de responsabilidad por daños ante un vertido de los 62 millones de euros actuales a los 8.300 millones.
La catástrofe ha obligado a los estadounidenses a enfrentarse a uno de sus dilemas. Obama, aunque apuesta por un futuro de energías limpias, asume que el petróleo seguirá siendo indispensable y defiende la explotación nacional para reducir la dependencia de las importaciones, aunque reconoce los riesgos. "Ahora hay que ir a cientos de metros bajo el agua --ha dicho--. Implica más riesgos. Y como sociedad vamos a tener que decidir qué riesgos estamos dispuestos a aceptar".
