Ningún Estado gusta de ser llamado a la atención por alguien de afuera pero es absolutamente imprescindible que existan mecanismos de control reconocidos y establecidos. Ocurre con la Comisión Europea o con cualquier organización internacional de la que España sea miembro. Es el caso de la Organización de las Naciones Unidas de la que, a menudo, la mayoría de las funciones o acciones nos quedan lejos y nos parecen destinadas a otros. A «otros países» porque «aquí somos un Estado industrializado, una democracia consolidada, la decimotercera economía del mundo», nos decimos. Pues bien, resulta que el relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema ha realizado un informe duro y exhaustivo sobre las desigualdades y focos de pobreza en España.
Tras 12 días visitando el país, Philip Alston sentencia que tenemos graves desigualdades y concentradas en colectivos muy vulnerables. Esto ya lo denuncian oenegés, activistas y colectivos a menudo, pero parece que duela menos a la Administración o a quienes no quieren escuchar. En cambio, que la persona encargada por la ONU decida, en primer lugar, visitar España dentro de su mandato sobre pobreza extrema y, en segundo lugar, que haya quedado tan negativamente impactado, debería provocar reacciones en el nuevo Gobierno.
Este toque de atención del relator de la ONU nos devuelve a nuestro sitio, que es el de un país industrializado donde las clases media y alta crecieron rápida y exponencialmente y puede que en falso. Un país donde la crisis económica se cebó en los más vulnerables, pero también en esa clase media que había hipotecado su futuro creyéndolo cierto. Un país donde no ha dejado nunca de haber ricos sino más bien al contrario, los ricos supieron en muchos casos sacar beneficio de la crisis y llegaron otros ricos de otros lugares. Un país donde los recortes ahogaron a muchas familias y dejaron en el desamparo a colectivos concretos: migrantes, mujeres, trabajadores.
Los sucesivos Gobiernos no supieron combinar respuestas económicas a la crisis con el blindaje de la cobertura social. No hemos sabido, entre todos, no apartar la vista del que estaba peor mientras reclamábamos lo nuestro. Ahora, en el 2020, tenemos a centenares de personas viviendo en infraviviendas, miles en régimen de trabajo abusivo y cientos de miles bajo pobreza energética. El relator de la ONU ha apuntado prioridades pero es tarea de todos exigir que así sea. La forma como una sociedad trata a los más vulnerables la define como tal. Ser educados y respetuosos con quien viene a gastar miles de euros en nuestros comercios no es una virtud, es interés. Serlo con quien sobrevive en una chabola, con quien vive unos pisos más arriba y no puede pagar la luz o incluso con quien trabaja en la limpieza de nuestros hogares es indispensable pero no suficiente. Para todos ellos, para todos nosotros, debemos priorizar las políticas públicas y asegurar que la redistribución de la riqueza alcanza para, al menos, vidas dignas para todos. El nuevo Gobierno tiene mucho trabajo que hacer.
* Profesora asociada de la
Universidad de Barcelona
