Las tabacaleras de EEUU fueron condenadas el jueves por una juez federal de Washington por crimen organizado, décadas de conspiración y engaño. A partir de ahora tienen prohibido vender cigarros etiquetados como light, ultralight , naturales o bajos en alquitrán y están obligadas a advertir de los riesgos del tabaco en los paquetes de cigarrillos, en cualquier tipo de publicidad y en sus web. Además, durante los próximos 10 años deberán ofrecer a la magistrada información detallada sobre sus estrategias de márketing.
Sin embargo, en cierta forma, el gran tabaco ha ganado su pulso al Gobierno, que emprendió hace casi siete años la batalla contra la industria tabacalera en los tribunales en la mayor demanda civil contra el crimen organizado de la historia de EEUU. Tras un juicio de nueve meses que acabó en el 2005, la resolución del caso está marcada por la política y por decisiones de otros tribunales que hacen que no se hayan podido fijar multas multimillonarias que pudieran provocar daños en las ricas arcas de la industria. Tampoco se ha podido forzar a las principales compañías a crear programas para ayudar a los fumadores a dejarlo y a los jóvenes a no engancharse. El Gobierno es considerado triunfador moral, pero en realidad es difícil discernir entre vencedores y vencidos.
COMO CUALQUIER MAFIA La sentencia definitiva sobre la lucha contra el tabaco fue dictada el jueves por la juez Gladys Kessler, que necesitó 1.742 páginas para redactarla. En ese dictado, Philip Morris, R.J. Reynolds y Brown & Williamson (ahora fundidas en Reynolds American), Lorillard y British American Tobacco descienden a los infiernos de cualquier otra asociación mafiosa.
"Durante más de 50 años mintieron y engañaron al público sobre los devastadores efectos en la salud de fumar y ser fumador pasivo --escribe la magistrada--. Suprimieron investigaciones, destruyeron documentos, manipularon el uso de la nicotina para incrementar y perpetuar la adicción, distorsionaron la verdad sobre cigarrilos light y bajos en alquitrán para disuadir a los fumadores de dejarlo..."
La juez no acaba ahí: "Abusaron del sistema legal para lograr su objetivo: hacer dinero con poca o ninguna consideración por el sufrimiento y la enfermedad individual, los rampantes costes en la sanidad o la integridad del sistema legal", escribe.
La dureza de sus palabras contrasta con la relativa suavidad de su sentencia, y es que se ha visto limitada a la hora de dictarla por la complicada historia política y judicial de este caso.
Cuando la demanda se presentó en 1999 bajo la Administración del presidente Bill Clinton, el Departamento de Justicia buscaba compensación por valor de 280.000 millones de dólares. Cuando llegó al poder George Bush --cuya campaña recibió importantes donaciones de la industria tabacalera-- se reexaminó el caso, que su secretario de Justicia, John Ashcroft, calificó como "débil" y propuso solucionar extrajudicialmente.
En febrero del 2005, un Tribunal de Apelaciones estimó que, según las leyes federales, no se podía forzar a una empresa a pagar multas con beneficios pasados como forma de prevenir futuros delitos. Justicia redujo entonces su petición a 130.000 millones de dólares, que se destinarían a programas contra el tabaco en los siguientes 25 años.
El verano pasado, Justicia redujo sus demandas a 14.000 millones. Kessler permitió a una coalición antitabaco que enviaran una propuesta sobre programas para luchar contra la adicción que podría llegar hasta 108.000 millones pero, finalmente, el jueves se confesó limitada por el dictado del Tribunal de Apelaciones.
