Once años. Es el tiempo que ha pasado desde que un autocar de la empresa Bus Exprés se estrellara en una salida de la autopista A-7, a la altura de Torreblanca (Castellón), con un resultado de 46 muertes. Y no fue hasta ayer cuando los empresarios se sentaron en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 5 de Barcelona.
No es, sin embargo, el primer juicio que se celebra por el accidente de Torreblanca. En mayo de 1996, el conductor del autocar siniestrado, Rafael Casado, fue juzgado por la Audiencia de Castellón por un delito de imprudencia temeraria. El juez que instruyó el caso entendió, en su día, que sólo había indicios de delito contra el conductor.
Pero la misma sentencia que condenó a Casado --dos años y tres meses de prisión y a tres años de retirada de permiso de conducir-- ordenó que se abriera una causa en Cornell para investigar al dueño de Bus Exprés.
Esta investigación ha hecho posible que, ayer, Emiliano Pascual, dueño de Bus Exprés, Carmen Carrillo, su esposa y administradora, y Manuel Pérez, administrador de la empresa Agrupacar, organizadora del fatal viaje, fueran a juicio acusados de un delito contra la seguridad en el trabajo y de falsificación de documentos, con peticiones fiscales que suman hasta tres años de cárcel.
NIEGAN RESPONSABILIDADES
Los tres acusados, aunque con diferentes matices, coincidieron en eludir cualquier responsabilidad en el accidente y solicitaron el archivo por prescripción y porque la autoridad administrativa ya les sancionó por las distintas irregularidades. Cabe destacar que el conductor, condenado en 1996, compareció ayer como testigo pero, lejos de acusar a sus jefes, salió en su defensa.
Las acusaciones particulares, en representación de las familias, solicitan hasta 13 años de prisión porque incorporan, junto a los otros dos delitos, el de estafa.
Según el fiscal, la empresa cometió varias irregularidades.
