El ministro de Universidades, Manuel Castells, propuso a principios de mayo una rebaja de las tasas universitarias para el próximo curso con el objetivo de armonizar los precios entre las autonomías (Cataluña, Madrid y Castilla y León tienen los más elevados). Un estudiante gallego o canario abona de media 720 euros por curso -las tasas más baratas- frente a los 1.980 de Cataluña o los 1.440 de Madrid.
El miércoles por la tarde, en la reunión telemática que Castells mantuvo con los responsables autonómicos, se decidió llevar a cabo esa bajada, de casi la mitad, y volver poco a poco a los índices del 2011, año a partir del cual empezaron a encarecerse. Euskadi, Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía se mostraron contrarios. Cataluña, mientras, se mostró favorable. De hecho, el Govern ya anunció en noviembre del año pasado algo que parecía impensable tiempo atrás: la intención de rebajar un 30% las tasas. Aunque más que rebajar debería hablarse de recuperar los precios previos a los recortes, de cuando esa factura subió un 67%.
De hecho, desde el 2011 el número de estudiantes que acceden a las universidades públicas ha caído. La directriz del ministerio que dirige Castells marca un precio máximo de las tasas de grado en toda España: 18,46 euros el precio del crédito de primera matrícula en todo el país. La rebaja no será de un día para otro porque se establece un plazo de tres años para aplicarla en su totalidad.
La propuesta ministerial obliga a diez comunidades a rebajar sus precios el próximo curso, sobre todo Madrid y Cataluña, que actualmente superan esos 18,46 euros por crédito. Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia y Murcia no tendrían que reducir los precios de la primera matrícula porque actualmente ya son más bajos que en el curso 2011-2012.
Lo acordado el miércoles en la conferencia de Política Universitaria rebaja el objetivo inicial de Castells: devolver los precios de las primeras matrículas universitarias a los niveles del 2011.
SISTEMA DE HORQUILLAS / Con ese objetivo, el pasado 5 de mayo el Consejo de Ministros eliminó el sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias que introdujo en 2012 el Gobierno de Rajoy (PP).
«Se trata de corregir las subidas excesivas de precios públicos que se produjeron en algunas comunidades mediante la utilización del sistema de horquillas decretado por el Gobierno de entonces sin consulta con las universidades ni con las organizaciones estudiantiles», explicaron fuentes de Universidades al término de la reunión.
«Los datos sobre abandono de estudios demuestran que se concentra en los estudiantes con menos recursos. El modelo de precios aprobado complementa el incremento de becas efectuado recientemente para garantizar que los universitarios que se enfrentan a dificultades económicas no vean vulnerado su derecho a la educación», explican fuentes del departamento de Castells.
Ese sistema de horquillas provocó, según el Ejecutivo socialista, un incremento medio del 17% del precio del crédito universitario, con mucha disparidad entre comunidades autónomas. Con su derogación, Castells pretendía consensuar con todas las comunidades un precio máximo de la primera matrícula universitaria para el próximo curso. El 7 de mayo, de hecho, pidió a los gobiernos autonómicos que calculasen el impacto económico que supondría devolver los precios a los niveles de 2011.
