Once años después, el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado uno de los preceptos de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada en el 2001 bajo gobierno del PP y recurrida por la izquierda en el 2002, por considerar que da un "tratamiento diferenciado" a los centros universitarios católicos, a los que exime de la ley de reconocimiento, norma con la que deben contar todas las universidades privadas en España para acreditar que disponen de capacidad y recursos suficientes para acometer sus funciones.

Dictada en junio y publicada ayer en el BOE, salió adelante merced al voto de calidad del presidente, que en esa fecha aún era Pascual Sala, y los votos particulares de los seis jueces restantes.

Entiende que la exención de la obligación de contar con una ley de reconocimiento, que la LOU otorgaba a la Iglesia, era un privilegio respecto al resto de universidades privadas. Se trata, añade, de una "diferencia que carece de la justificación objetiva y razonable que toda diferenciación normativa, por imperativo del artículo 14 de la Constitución Española, debe poseer para ser considerada legítima", por la cual declara su "inconstitucionalidad".